¡Libertad de expresión, manifestación y democracia entre dicho!

Los derechos humanos representan una conquista de las sociedades modernas, pues su finalidad es proteger la dignidad de las personas frente al poder y garantizar que cada individuo pueda desarrollarse libremente dentro de una comunidad plural. Entre estos derechos destacan aquellos que permiten la participación ciudadana en los asuntos públicos, pues una democracia no se fortalece únicamente mediante elecciones periódicas, sino también a través de la posibilidad de que la población exprese sus opiniones, inquietudes y desacuerdos.
En este escenario cobra especial relevancia el derecho a disentir, entendido como  pensar diferente, cuestionar decisiones y expresar inconformidad frente a acciones o políticas que se consideran injustas o equivocadas. Lo anterior, lejos de constituir una amenaza para el Estado, es un elemento indispensable de toda sociedad democrática, ya que permite el intercambio de ideas.
Una de las principales formas de divergir se materializa mediante el derecho a la libre manifestación; en ese sentido, la Constitución Política Federal reconoce este derecho a través de los artículos 6, 7 y 9, los cuales protegen la libertad de expresión, la libre difusión de ideas y el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Estas disposiciones no sólo garantizan que las personas puedan expresar sus opiniones, sino que también obligan a las autoridades a respetar y proteger los espacios de participación.
En ese sentido en los últimos años ha proliferado una tendencia que ha generado preocupación entre la ciudadanía, y es que si alguien cuestiona la administración de la presidente del país, es catalogado opositor. Lo que antecede resulta peligroso para la vida democrática del país; pues además, envía un mensaje que se interpreta como: quien no esté de acuerdo con el gobierno en funciones está en su contra. Luego entonces, el poder descalifica a quienes piensan distinto y se crea un ambiente en el que se condena a todo aquel que piense diferente, siendo el resultado que se describe como una postura antidemocrática y excluyente.
Un ejemplo reciente aparte del pronunciamiento de “no ver TV Azteca” se ubica en las movilizaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes derivado de sus protestas han sido reprimidos por elementos de seguridad pública. Y si bien es cierto, el derecho a manifestarse tiene ciertas restricciones, cierto es también que la intervención de la autoridad debe obedecer a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, evitando medidas que tengan como finalidad inhibir o castigar la protesta social.
Para finalizar, el disentir y la manifestación son elementos esenciales de toda democracia, pues la misma no se demuestra protegiendo únicamente las opiniones afines, sino garantizando el derecho de todos a respetar y expresar aquello con lo que no se está de acuerdo.