Un smartphone de cuatro años, un ordenador portátil de siete o una lavadora de cinco puede seguir funcionando correctamente, pero para muchos consumidores ya es un aparato obsoleto.
Este fenómeno es consecuencia directa de la “obsolescencia programada”, una estrategia deliberada de diseño con la que los fabricantes acortan intencionadamente la vida útil de los productos para forzar su reemplazo prematuro.
La obsolescencia programada opera mediante componentes de baja calidad que fallan poco después de la garantía, baterías que se degradan de manera acelerada, actualizaciones de software que ralentizan los dispositivos antiguos y diseños que hacen difícil o muy caro repararlos.
Estos mecanismos convierten al producto en “basura” mucho antes de que deje de funcionar físicamente.
Generalmente, los usuarios lo desechan cuando deja de recibir actualizaciones de seguridad, cuando se vuelve incompatible con nuevas aplicaciones o estándares tecnológicos, cuando su rendimiento cae de forma notable, cuando la reparación cuesta casi lo mismo que adquirir uno nuevo, o simplemente cuando perciben que están tecnológicamente “atrasados” frente a los modelos más recientes.
La práctica no es nueva. En 1924, el Cártel Phoebus limitó artificialmente la duración de las bombillas de más de 2.500 a solo 1.000 horas. Casos modernos como el “Batterygate” de Apple -que ralentizó iPhones antiguos- o impresoras que bloquean pese a tener tinta, demuestran que la práctica continúa.
En México, según estudios de la Profeco y el Instituto Politécnico Nacional, el país genera alrededor de mil 200 millones de toneladas de residuos electrónicos al año lo que equivalente a llenar cuatro veces el Estadio Azteca.
Gran parte de estos residuos proviene de dispositivos descartados prematuramente debido a la obsolescencia programada.
Aunque no está tipificada como delito, sí existen iniciativas legislativas para reforzar el derecho a la reparación.
En definitiva, la obsolescencia programada es la principal responsable de que tecnología funcional se convierta en basura.
Y es que mientras los fabricantes prioricen las ventas recurrentes sobre la durabilidad, y no haya regulaciones más estrictas sobre el derecho a la reparación, los desechos electrónicos seguirán llenando estadios Azteca y siendo declarados obsoletos mucho antes de su vida útil real.
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