En la democracia los mecanismos de participación política han evolucionado en los últimos años. Por lo tanto, la incorporación de la elección popular para determinados cargos jurisdiccionales mediante voto popular representa uno de los cambios más significativos en la representación democrática, ante este escenario se plantean nuevos cuestionamientos sobre el alcance del derecho a ser votado y los desafíos que esta nueva modalidad plantea.
Uno de los principales desafíos que surgen de este nuevo modelo consiste en determinar el significado de hacer campaña para impartir justicia, pues a diferencia de los candidatos a cargos de representación política, quienes aspiran a una magistratura electoral no presentan promesas de gestión pública, su función consiste en interpretar y aplicar el derecho, resolver controversias y garantizar el respeto a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales. No obstante, la lógica de la elección popular exige que los aspirantes se den a conocer ante la ciudadanía.
Ante esta circunstancia se genera una tensión entre la necesidad de obtener legitimidad y la obligación de preservar la imparcialidad judicial, la ciudadanía tiene derecho a conocer la trayectoria, experiencia y capacidades de quienes pretenden ocupar un cargo jurisdiccional, pero al mismo tiempo resulta indispensable evitar que la búsqueda del voto conduzca a compromisos, posicionamientos o discursos que puedan poner en duda la independencia con la que posteriormente deberán desempeñar sus funciones.
Asimismo, la elección popular también plantea interrogantes sobre el perfil que deben reunir quienes aspiran a integrar los órganos de justicia electoral. Durante décadas, el acceso a estos cargos estuvo asociado principalmente al conocimiento técnico, la experiencia profesional y la trayectoria en el ámbito jurídico, la selección se desarrollaba mediante procedimientos orientados a valorar méritos académicos y capacidades especializadas. Hoy, además de lo anterior, los aspirantes deben incorporar nuevas habilidades relacionadas con la comunicación pública.
Por lo tanto, la desigualdad en las condiciones de visibilidad puede generar ventajas para ciertos perfiles y dificultades para otros, independientemente de sus capacidades jurídicas. Por ello la consolidación de este modelo requiere mecanismos que permitan a la ciudadanía conocer de manera suficiente la trayectoria y preparación de las personas candidatas, puesto que la calidad de las elecciones depende de que el electorado cuente con información adecuada para valorar méritos, experiencia y aptitudes profesionales, para ejercer un voto informado.
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