Dominó Social

Hay decisiones de gobierno que se anuncian con cifras, boletines y conferencias. Pero hay otras que se sienten directamente en el bolsillo, en el cansancio y en el enojo cotidiano de la gente. El aumento a la tarifa mínima del transporte público en Morelos es una de ellas.
Pasar de 10 a 13 pesos puede parecer poco para quien toma decisiones desde un escritorio con aire acondicionado, pero para miles de familias morelenses representa otro golpe más a una economía ya desgastada. Porque el problema nunca es solamente el aumento. El problema es todo lo que hay detrás.
Sí, el gobierno anunció subsidios del 100 por ciento para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de media superior y superior. Y aunque cualquier apoyo social siempre será positivo, la realidad es que miles de familias quedan fuera de ese beneficio. ¿Qué pasa con quienes tienen hijos en primaria o secundaria? ¿Qué pasa con las madres y padres que deben pagar varios pasajes diarios para poder llevar a sus hijos a la escuela, ir a trabajar y regresar a casa? ¿Qué pasa con quienes literalmente viven al día?
La molestia ciudadana no nace únicamente del dinero. Nace de la sensación de injusticia.
Porque este aumento llega, una vez más, acompañado de la misma promesa de siempre: “mejorar el transporte público”. Una frase que los morelenses hemos escuchado durante años mientras seguimos subiéndonos a unidades deterioradas, incómodas y, muchas veces, inseguras.
Basta usar el transporte un solo día para entenderlo. Unidades en malas condiciones mecánicas, asientos rotos, calor insoportable, rutas saturadas y una inseguridad que ya parece normalizada. Los asaltos al transporte continúan siendo parte de la rutina de muchísimas personas que salen a trabajar o estudiar con miedo de no regresar con sus pertenencias.
Y a eso hay que sumarle algo de lo que poco se habla: el trato. Porque, aunque existen operadores responsables y respetuosos, también es cierto que una gran cantidad de usuarios diariamente reciben malos modos, groserías y un servicio indigno. Como si el ciudadano tuviera que agradecer el simple hecho de subir a una unidad.
Resulta inevitable entonces preguntarse: ¿de verdad se está “ordenando la casa”?
Ese fue precisamente el slogan del primer informe de gobierno de Margarita González Saravia: ordenar la casa. Pero ordenar una casa no debería significar cargarle el costo a quienes ya hacen malabares para sobrevivir. Ordenar la casa tampoco puede ser sinónimo de pedirle más sacrificios a la ciudadanía mientras las condiciones siguen exactamente igual.
Los morelenses votaron con esperanza. Con la esperanza de un gobierno distinto, más sensible, más cercano y más consciente de la realidad que vive la gente común. Un gobierno que entendiera que hay decisiones que no pueden tomarse únicamente desde la lógica administrativa, sino desde la empatía.
Porque sí, gobernar implica tomar decisiones difíciles. Pero también implica escuchar el hartazgo ciudadano.
Y hoy, lo que se escucha en las calles no es precisamente tranquilidad. Es cansancio. Es frustración. Es la sensación de que, una vez más, el ciudadano es quien termina pagando las consecuencias de un sistema que nunca mejora, pero siempre cobra más.