La desigualdad social en México es un problema histórico que afecta a millones de ciudadanos y está relacionado con el ingreso, la educación, la salud, la vivienda y el acceso a las oportunidades de desarrollo en general.
La principal causa que genera desigualdad social es la distribución inequitativa del ingreso en una sociedad. Se trata de un fenómeno histórico que, desde el periodo colonial hasta nuestros días, ha mantenido como constante la concentración de la riqueza en unos cuantos. Además, sobra decirlo, es una característica intrínseca del capitalismo, donde una pequeña fracción de personas concentra la mayor riqueza, mientras la gran mayoría vive en pobreza y pobreza extrema.
Es a partir del modelo neoliberal que la brecha entre ricos y pobres se agudiza. La privatización de empresas públicas, la reducción del gasto social y la apertura económica beneficiaron siempre y fundamente a las elites económicas del país, mientras las clases desprotegidas se precarizaron más y vieron descender sus niveles de vida de manera catastrófica. El discurso del libre mercado prometía crecimiento y bienestar general; sin embargo, terminó por generar una alta concentración de la riqueza en unas cuantas manos y una terrible desigualdad social, enviando a millones de mexicanos a vivir en condiciones infrahumanas, es decir, en pobreza extrema.
Con el modelo neoliberal se privatizó la banca, se detuvo el reparto agrario y sectores estratégicos como la telefonía, la minería y las aerolíneas, entre miles de empresas, pasaron al control privado, bajo la promesa de generar mejores condiciones de desarrollo para el país. La realidad fue catastrófica para la mayoría de los mexicanos: la clase media casi desapareció durante 36 años de un modelo económico que parecía diseñado únicamente para quienes se sienten dueños del país.
Es hasta 2018, cuando el poder es asumido por una propuesta más cercana a la izquierda, que comienzan a generarse cambios sustanciales para revertir la tendencia de pauperización extrema que afectaba a una gran parte de la sociedad mexicana, así como el impulso de políticas sociales orientadas a reducir la pobreza, como el aumento al salario mínimo, las pensiones para adultos mayores y otras medidas encaminadas a recuperar el poder adquisitivo de las clases más desprotegidas. Sin embargo, estas acciones no son suficientes para revertir las causas que generan la concentración de la riqueza en unos cuantos. Por ello, la desigualdad social persiste, ya que los principales males que generan esa concentración y esa desigualdad son elementos del sistema económico vigente.
Por ello, la Cuarta Transformación implica ir más allá de políticas compensatorias. Es necesario cuestionar el modelo de desarrollo, redistribuir el poder económico y fortalecer lo público como espacio de garantía de derechos. Esto implica una reforma fiscal progresiva, el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, la democratización del acceso a la tierra y una regulación efectiva del capital. Es decir, debe impulsarse una profunda transformación de las relaciones políticas y económicas que han sostenido —y aún sostienen— un régimen que sigue lacerando al pueblo de México. Mientras no se modifique la lógica de acumulación y exclusión, la desigualdad social continuará siendo un flagelo que limita el desarrollo y la justicia social del país.
Morelos es quizá uno de los mejores ejemplos de todo ello. La contradicción entre su potencial económico y la precariedad en la que vive el grueso de su población, es sintomática de lo mencionado líneas arriba. La combinación de diversos factores económicos, políticos y sociales es la que puede llevar al estado a superar la creciente desigualdad social; sin embargo, para lograrlo resulta imperante transformar el modelo de desarrollo y construir uno más justo, incluyente y orientado al bienestar colectivo.














