"En un mundo injusto, el abogado que no toma partido ya tomó partido." — Eduardo Couture
Existe una imagen del abogado que el cine y la cultura popular han instalado con pertinaz insistencia: el hombre de traje que negocia en pasillos, que conoce los recovecos de la ley mejor que nadie y los usa, con igual destreza, para defender al inocente o para blindar al culpable. Es una imagen que contiene algo de verdad y mucho de evasión, porque omite la pregunta más incómoda: ¿al servicio de quién está ese conocimiento?
El derecho no es un instrumento neutral. Es poder. Y el poder, como enseña la historia con paciencia infinita, tiende a concentrarse en manos de quienes ya tienen poder, a menos que alguien lo redistribuya deliberadamente. Esa redistribución es, o debería ser, la vocación profunda del abogado.
Hay una tradición ilustre que lo confirma. Los grandes momentos de avance social —la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos laborales, la construcción del estado constitucional— no ocurrieron solo en las calles ni solo en los parlamentos. Ocurrieron también en los tribunales, impulsados por abogados que entendieron su oficio como algo más que una fuente de ingresos: como una responsabilidad frente a su tiempo.
México tiene esa tradición, aunque la haya olvidado con demasiada frecuencia. La tiene en su Constitución de 1917, arrancada a la historia a un precio enorme. La tiene en los juaristas que convirtieron el derecho en escudo de la república. La tiene, más modestamente pero no menos realmente, en cada abogado de provincia que toma un caso imposible porque alguien tiene que tomarlo.
El problema es que esa vocación no se cultiva sola. Las facultades de derecho enseñan códigos, procedimientos . Enseñan, con mayor o menor fortuna, a pensar jurídicamente. Pero rara vez enseñan algo más difícil y más urgente: que el conocimiento jurídico sin compromiso social es una herramienta sin dirección, igualmente útil para construir o para destruir.
Un abogado que solo trabaja para quien puede pagarle bien no comete necesariamente ningún delito. Pero sí comete una omisión: la de ignorar que vive en una sociedad que lo necesita, que tiene problemas que solo el conocimiento jurídico puede desatar, y que esos problemas no esperan a que alguien los financie con generosidad.
El derecho nació para ordenar la convivencia humana. No para administrarla en beneficio de unos pocos mientras los demás aprenden a resignarse.
La toga, en su origen, era un símbolo de ciudadanía plena. Conviene recordarlo.














