Hay algo que Morena se toma muy en serio: las elecciones. Hoy, prácticamente, se da el banderazo rumbo a 2027.
López Obrador fue un mal gobernante, un gran político y un extraordinario candidato. Por ello, Morena, mucho antes de las elecciones de 2021 y 2024, inició procesos anticipados de campaña que fueron desde las “corcholatas” —que desatendieron sus encargos para competir— hasta una aplastante victoria.
Hoy, faltando todavía algunas semanas para el inicio formal del proceso electoral, Morena, fiel a su estilo, empieza a prever qué va a pasar en las elecciones intermedias de 2027. La presidenta, en estas últimas semanas, ha dado golpes sobre la mesa, pues su poder dentro del partido era similar al que tenía en el ámbito legislativo.
Al terminar las elecciones de 2024, Morena quedó dividido en varios grupos. El grupo de la presidenta, encabezado por Claudia Sheinbaum, se concentró básicamente en su gabinete. Mientras tanto, en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las gubernaturas y el propio partido, pocos eran los que harían cualquier cosa que dictara la Presidencia.
En algún momento, el aliado más incómodo fue el fiscal Alejandro Gertz Manero; en otro, Adán Augusto López Hernández. Ambos hoy han quedado fuera de sus cargos, después de que, sigilosamente, fueran desplazados.
Mientras tanto, en Morena —que pronto tendrá la responsabilidad de postular diputados federales, candidatos a gubernaturas y presidencias municipales— se encontraba el hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien, si bien es poderoso por su apellido, resulta antipático; y también Luisa María Alcalde, quien, más allá de ser una aliada, fue un obstáculo para que la presidenta pudiera aprobar su reforma electoral.
Ante esta realidad, y con un proceso electoral que pisa los talones, la presidenta tomó la decisión de enviar al partido a Citlalli Hernández, con la intención de reparar las heridas con los aliados y asegurar que el Partido Verde y el Partido del Trabajo no busquen competir en solitario en posiciones clave, como en el caso de San Luis Potosí.
Posteriormente, la Presidencia le ofreció el cargo de consejera jurídica a Luisa María Alcalde. Si bien este puesto ha servido últimamente como plataforma política, el cambio, para una mujer que ha sido secretaria del Trabajo, secretaria de Gobernación y presidenta del partido más importante de México, representa un descenso.
Como muestra de este descontento, Luisa María Alcalde expresó, ante la invitación de la presidenta, que pensaría la propuesta y que posteriormente le daría una respuesta; algo sumamente extraño en una forma de gobierno donde no se le dice que no al presidente.
Parece ser que, en su lugar, podría llegar la secretaria de Bienestar, quien ha sido funcionaria desde el gobierno de López Obrador y que muestra claramente la intención de Morena de utilizar el conocimiento sobre programas sociales y apoyos como una estrategia electoral.
Finalmente, podemos observar que la presidenta sigue en la dinámica de hacer suyos los puestos más importantes que este gobierno tiene para ofrecer. Si bien esto es fundamental para garantizar la gobernabilidad, traerá consecuencias que será interesante analizar en el futuro.
Históricamente, el poder que quiere seguir siéndolo debe preocuparse por su preservación y la obtención de más poder. Sin embargo, Morena no debe dejar de pensar que, si llegó al poder, fue para cumplir demandas populares que hoy no han sido satisfechas.














