La frase popular que advierte que no se pueden esperar resultados distintos si se repiten las mismas acciones con las mismas personas, adquiere relevancia cuando se analiza el caso de Miguel Ángela Urrutia Lozano, ex coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC). Durante su gestión, Morelos se posicionó como líder en varios delitos graves, lo que evidencia un fracaso en el combate a la inseguridad y la violencia en una región históricamente marcada por el legado de Emiliano Zapata.
Sin embargo, el análisis debe ir más allá de los resultados negativos, pues existen matices que merecen atención. Gracias al respaldo de la gobernadora Margarita González Saravia, se lograron avances en la mejora salarial, el equipamiento y las condiciones laborales de los policías. Además, se implementaron estrategias novedosas, como los arcos de seguridad, que en principio parecían ofrecer una alternativa diferente a los enfoques tradicionales.
El problema central, sin embargo, parece radicar en parte en la estructura interna y la cultura organizacional de las corporaciones policiacas. Aunque se mejoren los recursos materiales y se introduzcan estrategias innovadoras, si no se transforma la dinámica interna, los vicios y prácticas arraigadas pueden neutralizar cualquier avance. La resistencia al cambio, la falta de capacitación y la corrupción endémica son obstáculos que, desde una perspectiva crítica, no se pueden ignorar. La experiencia de Urrutia Lozano demuestra que los cambios superficiales resultan insuficientes cuando no se abordan las causas profundas de la inseguridad.
Por tanto, es necesario replantear el enfoque de la seguridad pública en Morelos. No basta con sustituir funcionarios o renovar estrategias; se requiere una transformación integral que incluya la profesionalización policial, la supervisión externa, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Solo así se podrá aspirar a resultados verdaderamente distintos y duraderos, superando el círculo vicioso que ha mantenido a la entidad en los primeros lugares de incidencia delictiva.
Ahora un nuevo titular en la persona del general José Luis Bucio, se hace cargo de la SSPC con la confianza de la gobernadora y los demás actores políticos y sociales, pero la pregunta es ¿qué tendrá que hacer con los antecedentes conocidos y con el estado de las cosas que prevalecen en la entidad dónde urge no sólo resultados sino una transformación a fondo de la dependencia?
Para responder a la interrogante es fundamental asumir una postura crítica y propositiva para reconocer que los problemas de seguridad en la entidad no sólo son consecuencia de estrategias fallidas o funcionarios anteriores, sino que responden a causas estructurales y a una cultura institucional profundamente arraigada. Por ello, la labor no puede limitarse a la continuidad de programas ni a cambios meramente administrativos; requiere de un diagnóstico realista y honesto sobre las limitaciones, resistencias y retos internos que enfrenta la corporación.
En segundo término, es indispensable impulsar un proceso de depuración y profesionalización policial que vaya más allá de los cursos de formación básica. Esto implica establecer mecanismos rigurosos de control de confianza, sanciones ejemplares para quienes incurran en actos de corrupción y recompensas tangibles para quienes demuestren compromiso y honestidad. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares, abriendo espacios a la supervisión ciudadana y a la colaboración con organismos independientes que evalúen el desempeño policial.
Por ello, es urgente fortalecer la coordinación interinstitucional, no sólo entre los diferentes niveles de gobierno, sino también con la sociedad civil y el sector privado. La construcción de redes de confianza con la ciudadanía es clave para recobrar la legitimidad de la policía y fomentar la denuncia, la prevención y la participación comunitaria. Sin este vínculo, cualquier estrategia de seguridad corre el riesgo de fracasar por falta de respaldo social.
Por último, el nuevo titular de la SSPC debe priorizar la atención a las causas sociales de la violencia y el delito, articulando políticas públicas que integren prevención, atención a víctimas y programas de reinserción social. No se trata únicamente de combatir la delincuencia con fuerza, sino de generar oportunidades y condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de los jóvenes y sectores marginados. Solo una visión integral, incluyente y de largo plazo permitirá romper con el círculo vicioso que históricamente ha afectado a Morelos.
En síntesis, el reto del General Bucio es enorme y no se resolverá con acciones aisladas ni soluciones mágicas. Se requiere liderazgo, voluntad política y una estrategia que combine firmeza, innovación y sensibilidad social. Así, podrá sentar las bases para una verdadera transformación de la SSPC y, por ende, de la seguridad en Morelos, veremos…














