El costo de mirar hacia otro lado

México no tiene una política clara sobre el cannabis. Tiene algo más cómodo, una zona gris.

No está plenamente legalizado pero tampoco prohibido en sentido estricto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya invalidó la prohibición absoluta del consumo recreativo. El Congreso en cambio, no terminó de construir un modelo regulatorio. El resultado es un país que reconoce el fenómeno pero evita hacerse cargo de él.

Esa ambigüedad tiene consecuencias.

Durante años, la discusión se planteó en términos morales. El cannabis era presentado como una puerta inevitable hacia la delincuencia o la degradación personal. Hoy el péndulo se movió al otro extremo, en ciertos espacios se normaliza sin mayor reflexión, como si su aceptación cultural bastara para resolver cualquier riesgo.

Ninguna de las dos posturas es seria.

En paralelo, el fenómeno ha comenzado a adquirir un tono que merece atención. En algunos espacios ya no solo se normaliza, se celebra. Se vuelve símbolo, identidad o incluso motivo de pertenencia, como si el paso del tiempo hubiera diluido su contexto.

Pero no hay nada ligero en el origen de ese mercado, detrás hay violencia, deterioro social y costos en salud que rara vez entran en la conversación. Convertirlo en tendencia no lo vuelve inofensivo, solo lo hace más fácil de ignorar.

El cannabis no es una sustancia inocua, organismos internacionales han documentado efectos en memoria, atención y coordinación, así como riesgos en salud mental en determinados perfiles y edades. También existe un componente de dependencia en una proporción de usuarios y un impacto claro en la seguridad vial cuando se consume y se conduce.

No es el origen automático del delito. Pero tampoco es irrelevante.

Además, el consumo no es marginal. En México, la prevalencia de uso de cannabis alguna vez en la vida ha crecido en los últimos años, particularmente en población joven. Es decir, el fenómeno existe, crece y se instala mientras la política pública sigue sin definirse.

Y ahí está el punto que incomoda.

El problema no es solo que se consuma.

Es que no se mide con claridad cuánto cuesta ni quién lo paga.

No hay una conversación pública seria sobre el impacto en el sistema de salud, en la atención de adicciones o en la prevención. Tampoco sobre el costo social de mantener a miles de jóvenes en esquemas de narcomenudeo donde la sustancia es solo una parte de una cadena más compleja.

México no tiene una política sobre cannabis.

Tiene una política sobre cómo evitar decidir.

Porque regular no es permitir. Regular implica supervisar producción, controlar calidad, fiscalizar distribución, proteger a menores y contener un mercado ilegal que no desaparece, se adapta.

Y eso requiere capacidad.

En otros países, la decisión no se tomó desde la simpatía hacia la sustancia, sino desde la necesidad de ordenar el fenómeno. Canadá y Uruguay establecieron mercados legales con controles sanitarios, trazabilidad y recaudación fiscal. En diversas entidades de Estados Unidos el modelo opera con resultados medibles, desplazando parte del mercado ilegal sin eliminarlo por completo.

No es un modelo perfecto, pero al menos es un modelo.

México en cambio, no recauda de manera significativa, no controla de forma integral y no ha construido una política pública completa. Permite en algunos casos, tolera en otros y sanciona en el resto. Una estructura fragmentada que termina beneficiando a quien opera fuera de la ley y dejando al Estado como espectador de su propio vacío.

El punto de fondo no es la marihuana.

Es la incapacidad de decidir, entre una moral que exagera y una normalización que trivializa, el Estado eligió lo más cómodo, no decidir.

Y gobernar sin decidir también es una forma de fallar.

#QuéCosa!