Por la libertad de Xochilt y basta de desaparición forzada.

La libertad ante las injusticias es una lucha cotidiana por la dignidad humana, por lo que cada acción de solidaridad representa un granito de sal en la inmensidad del mar que baña de esperanza las playas que nos permiten nadar a cielo abierto, de cara a un futuro luminoso donde sean desterrados los odios y las injusticias del mundo.

El caso de la compañera indígena Xóchitl Ramírez Velasco es un ejemplo paradigmatico de los abusos policiacos y la complicidad de un sistema de procuración de justicia cuando se subordina a un poder político injusto. A Xóchitl la conocimos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos cuando ella formaba parte de una asociación civil que dedicaba sus esfuerzos a apoyar a las mujeres artesanas indígenas que sufren discriminación y violencia. Luego nos enteramos que había sido detenida y encarcelada, acusada de haber participado en un secuestro. Desde el principio la actuación policial y ministerial careció de elementos de prueba fehaciente, pero la lógica punitiva se impuso por encima de la presunción de inocencia y el debido proceso. A lo largo 

De 1,070 dias se ha llevado a cabo un juicio lleno de irregularidades que la mantuvo en prisión y posteriormente en arraigo domiciliario. Éste próximo 7 de abril se llevará a cabo la audiencia de alegatos y sentencia en el juzgado en Atlacholoaya, donde se definirá su situación legal y donde esperamos que sea puesta en libertad una vez que se valoren todas las pruebas que demuestran su completa inocencia. El caso de Xóchitl entra en su etapa final, después de años de irregularidades y más de dos años en prisión preventiva injusta. Pongamos los ojos en este juicio. Acompañar, compartir y no guardar silencio también es exigir justicia.

La justicia tarda en llegar y, mientras tanto, es un verdadero suplicio para quienes luchan durante décadas para lograrlo. Es el caso de miles de personas desaparecidas desde los años 70s hasta la actualidad.

Recientemente se ha dado a conocer la resolución del Comité de la ONU sobre desaparición forzada en México para enviar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de un mecanismo especial para buscar soluciones al más alto nivel sobre la grave crisis humanitaria que significa la existencia de más de 132 mil personas desaparecidas en nuestro país de acuerdo a cifras oficiales.

Los colectivos de familias y organizaciones firmantes recibieron con esperanza la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar, con carácter urgente, a la Asamblea General de Naciones Unidas la situación de las desapariciones en México. 

Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos.

Esta crisis humanitaria por las desapariciones forzadas y cometidas por partículares en México, será analizada en la Asamblea General de la ONU, al activarse el artículo 34 de la Convención Internacional sobre desaparición forzada.

No obstante, el gobierno mexicano ha rechazado el informe del Comité de la ONU sobre desaparición forzada en México, cuando ebería aprovechar para contar con asistencia internacional, como ocurrió con el GIEI en el caso Ayotzinapa.

Esta situación representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos, al representar la posibilidad, como país, de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales; para de esa manera aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México, lo que implica la intervención o tolerancia de autoridades de los distintos niveles de gobierno. Asimismo, para destinar los recursos materiales, humanos y tecnológicos que resulten indispensables para la búsqueda; para instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que esta situación no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado, sino como un fenómeno de macrocriminalidad que requiere la participación de distintos actores; para asumir que la impunidad es un mensaje de tolerancia para que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y, sobre todo, para entender que las soluciones únicamente pueden ser construidas de forma colaborativa, poniendo en el centro las necesidades y derechos de las víctimas.

Las familias y colectivos lamentan la respuesta defensiva del gobierno mexicano ante el gran trabajo realizado por el CED integrado por expertas y expertos independientes elegidos por los Estados integrantes de la ONU. Por ello respaldan sus decisiones plenamente y esperan que el Estado mexicano advierta el potencial positivo de esta importante decisión para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos. Asumir que se  trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera —que ha durado décadas— de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas y desconocer la información que, desde las familias y organizaciones no gubernamentales, se ha generado durante años. Esta decisión no es una condena en contra del gobierno mexicano, sino que representa el punto de partida para emprender soluciones contundentes de cara a una realidad que ya no puede ser desconocida.

Finalmente, solicitan al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en distintos colectivos, redes y sectores y con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata.

Exigimos libertad para Xóchitl y que no haya ni una persona desaparecida más en México.