Ayer fue votado en el Senado de la República el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que ya era un proceso atropellado, descuidado y tenso, terminó por confirmarse como tal: para lograr su aprobación, la reforma tuvo que ser recortada, negociada y ajustada al último momento, casi como si se tratara de cumplir una cuota y no de legislar con responsabilidad.
Días antes, en una conferencia en la Secretaría de Gobernación, dirigentes del Partido del Trabajo, del Partido Verde y de Morena anunciaron su respaldo a un “Plan B” que, en ese momento, ni siquiera había sido redactado. La iniciativa llegó finalmente al Senado bajo una nube de incertidumbre: el rumor de que no contaría con el apoyo del Partido del Trabajo amenazaba con descarrilarla.
Las dudas crecieron con el silencio de dicho partido y su ausencia en reuniones clave de comisiones. Para la mañana del miércoles, el ambiente en el Senado era de cálculo político: todos hacían cuentas sobre cómo el coordinador de Morena lograría reunir los votos necesarios para evitar que las reformas fueran rechazadas por sus propios aliados.
Entonces, el profesor Alberto Anaya subió a tribuna. Durante varios minutos elogió la alianza con la presidenta, solo para anunciar después un apoyo condicionado: respaldarían la reforma, pero no permitirían el avance del apartado sobre revocación de mandato. No habría derrota, pero tampoco una victoria completa.
Habrá que analizar más adelante las razones detrás de esta tensión generada por el que parecía ser el aliado más sólido del gobierno. Pero por ahora, vale la pena detenerse en el contenido mismo de la reforma.
Primero, se establece que los ayuntamientos tendrán un máximo de 15 regidores, bajo el argumento de generar ahorros que se destinarían a obra pública. Segundo, se impone un límite: los estados no podrán destinar más del 0.70% de su presupuesto anual a sus congresos locales.
Y aquí surge la pregunta de fondo: ¿en qué momento, en un país que se define como federal, la federación comienza a dictar a estados y municipios cómo deben organizarse y en qué deben gastar sus recursos?
La reforma podrá ser celebrada por quienes, en medio de la incertidumbre, lograron reunir los votos necesarios. Pero el proceso que la hizo posible deja más dudas que certezas. Y, sobre todo, abre una discusión de fondo sobre los límites del federalismo en México.














