• La SSPC le da al clavo

Una tras otra durante los últimos días en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que desde la semana pasada le dio al clavo y va develando las causas de la violencia e inseguridad que sacude al estado. Primero fue que se descubrió el hilo negro en el perímetro de la UAEM. Rodeada de antros de vicio en el campus norte de la ciudad, ya se dieron cuenta que lo que ahí circula a raudales no son dulces ni chocolates. Sin embargo, resulta alarmante que hayan tenido que pasar dos feminicidios y una cantidad inaceptable de delitos de todo tipo para que las autoridades, estatales y municipales, quienes tienen la obligación de proteger, no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en su conjunto, finalmente reaccionen.

Y ayer, durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el titular de SSPC, Miguel Ángel Urrutia, informó de una serie de cifras alegres que, si fueran ciertas, describen un paraíso de la viuda cotidiana en Morelos, sin embargo, todos sabemos que la realidad es otra y que es poco fiable que los delitos de todo tipo, incluidos los catalogados como de alto impacto, hayan disminuido durante último año.

En el caso de la UAEM, no podemos dejar de señalar la negligencia y omisión de las autoridades responsables en todos los niveles, quienes prefirieron mirar hacia otro lado mientras la violencia y la impunidad crecían dentro y fuera del alma mater. ¿Cuántas tragedias más se necesitan para que realmente tomen cartas en el asunto? La reacción tardía no borra el dolor ni el miedo con el que cientos de estudiantes han tenido que vivir diariamente. Es tiempo de exigir no solo respuestas inmediatas, sino también resultados claros y permanentes que garanticen la integridad y el bienestar de quienes forman parte de la universidad. Ya basta de simulaciones; las autoridades deben asumir su responsabilidad y actuar con contundencia para erradicar la delincuencia y recuperar la confianza de la comunidad.

Y es que es una infamia que la seguridad haya sido ignorada durante tanto tiempo en el perímetro del Alma Marte, permitiendo que la zona se convirtiera en un foco rojo, pese a los constantes llamados y manifestaciones de estudiantes, profesores y personal administrativo. Ahora podemos esperar que, después de estos hechos lamentables que llevaron al hartazgo total de la comunidad universitaria, por fin vayan a hacer su trabajo.

Asimismo, resulta significativo que el gobierno estatal exprese su respaldo a la administración de la rectora Viridiana León. Sin embargo, pese a este apoyo, es notorio que, bajo la responsabilidad de la rectora y su equipo de colaboradores, la inseguridad y la violencia han crecido de manera alarmante tanto dentro como fuera de la universidad. Este aumento no solo ha generado un entorno peligroso para la comunidad, sino que también culminó en los trágicos homicidios de dos alumnas, hechos que detonaron el hartazgo generalizado entre estudiantes, profesores y personal administrativo, quienes perdieron unánimemente la confianza en sus autoridades universitarias. 

La serie de delitos que se han acumulado en los últimos años, y que finalmente llevaron al límite a la comunidad universitaria, evidencia la necesidad de respuestas inmediatas y, más importante aún, de resultados que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la institución. Ahora la exigencia es clara: dejar atrás la indiferencia y la simulación, para que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con determinación para erradicar la delincuencia y recuperar la confianza de la comunidad universitaria.

Pero además, el tema dejó salir a la luz pública una seria de acusaciones directas y señalamientos de presuntos delitos de acoso y abuso sexual en contra de estudiantes de distintas unidades, por parte de directivos y catedráticos, casos que no pueden tirarse en la impunidad ya que, presuntamente, son solapados por funcionarios de la rectoría y por el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), cuyo dirigente Mario Cortés, hace a la vez la función de asesor de la rectora y quién ha sido señalado como un de los presuntos responsables.

En este contexto, la gravedad de las denuncias de acoso y abuso sexual ha puesto aún más presión sobre las autoridades universitarias y estatales para responder con acciones contundentes, que vayan más allá del discurso y la burocracia. La indignación no solo se ha manifestado por la inseguridad en los alrededores y el incremento de delitos violentos, sino también por el ambiente hostil y la falta de protección dentro de las aulas y espacios universitarios, donde las víctimas requieren atención, acompañamiento y justicia. 

Es momento de que la universidad implemente mecanismos transparentes y efectivos para atender estos casos, sancionar a los responsables y garantizar un entorno seguro, libre de miedo y de impunidad, para todos los miembros de la comunidad universitaria, sino lo hace, cualquier planteamiento para resolver de fondo el conflicto no tendrá mayor trascendencia, veremos…