Con la iniciativa en la mano, me atrevo a decir que la presidenta pasó de una reforma electoral interesante y moderada a un “Plan B” cosmético, superficial y profundamente propagandista.
Tras la derrota legislativa, la presidenta afirmó en la mañanera que no buscó negociar con los partidos aliados. Dijo sentirse satisfecha con haber presentado la iniciativa, pues —según sus propias palabras— “ya cumplió con el pueblo”. Con esa resignación, dio paso a un plan alterno que, más que una estrategia política, parece un ajuste para facilitar el respaldo del Partido del Trabajo y el Partido Verde.
La nueva iniciativa pasó de 68 páginas en su versión original a apenas 22, con modificaciones limitadas a algunos artículos constitucionales. Entre los principales temas destacan la revocación de mandato, la reducción de cabildos, la disminución de salarios y el tope al presupuesto de los congresos locales.
En materia de revocación de mandato, la propuesta retrocede. De plantear una regulación más amplia —aunque imperfecta— de la figura y de las consultas populares en todos los niveles, se reduce ahora a permitir su realización únicamente en el año de las elecciones intermedias. Esto abre la puerta a que la figura presidencial entre en una lógica de campaña a mitad de su mandato, desdibujando los tiempos del ejercicio de gobierno.
Bajo la lógica morenista de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, se propone que ningún congreso estatal disponga de más del 0.70% del presupuesto anual de su entidad. La idea se apoya en la baja popularidad que los legisladores han acumulado, pero lo popular no siempre es lo correcto. En lugar de fortalecer un contrapeso del Estado, mejorar la calidad del debate público y dignificar la relación entre representante y representado, se opta por reducir su capacidad institucional a una cifra simbólica.
En cuanto a los cabildos, la reforma plantea un máximo de 15 regidores. Esta medida puede considerarse positiva frente a los excesos actuales; sin embargo, preocupa la ligereza con la que se elaboró la iniciativa. La existencia de inconsistencias —posteriormente atribuidas a un “error de dedo”— evidencia una falta de rigor inadmisible en una propuesta de reforma constitucional. Resulta difícil no cuestionar la seriedad de un proyecto que ni siquiera fue revisado con el cuidado mínimo indispensable.
En el intento de no presentar una primera iniciativa descafeinada, la presidenta terminó proponiendo un “Plan B” sin contenido sustantivo, sin impacto histórico y sin una verdadera vocación transformadora.
Presentar una iniciativa para dejarla morir no es trabajar; tampoco es cumplir. Es, en el fondo, el equivalente a acudir a una oficina únicamente para simular que se trabaja.
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