La verdadera razón por la que la titular del Ejecutivo en México, por la que se ha empecinado, después del estrepitoso fracaso de la Reforma Electoral, ahora con el Plan B, es la de conseguir recursos económicos para financiar los programas sociales. Ya se está terminando el dinero de las arcas federales y la recaudación fiscal no alcanza para lo cuantioso, económicamente para cubrir los compromisos de campaña. Ya dieron cuenta de los fideicomisos, de los programas de apoyo a deportistas. Ya se gastaron el dinero que les pertenecía a los trabajadores del Poder Judicial. De los organismos autónomos, de tantas instituciones del gobierno.
Veamos. En la Reforma electoral, una de las modificaciones a la Constitución era la de disminuir las prerrogativas que reciben los partidos. Y de alguna manera esa propuesta estaba bien planteada, puesto que son multimillonarias cantidades que se le otorgan a los partidos en aras de la democracia. Pero como no pasó dicha reforma, no hay nada de ese tipo de disminución. Ese ahorro, ahora vemos, era para financiar los programas sociales, que finalmente no dejan de producir clientelismo político, lo cual, les ha garantizado contar con un voto, no duro, sino condicionado. ¿Se acuerdan del slogan amloísta “favor con favor se paga”? Ese era el fin, comprometer a quienes reciben un programa social para que voten por Morena. Bien. Ahora, lanzan una propuesta de modificación a leyes secundarias, al que llaman el Plan B; que ya de por sí mismo es anticonstitucional, porque quieren disminuir el número de regidores en los cabildos municipales en todo el país y el número de diputados en los congresos locales, algo que no le corresponde al ejecutivo federal, sino que eso lo determina cada uno de los Congresos en cada Estado.
Por otro lado, en estos momentos la propuesta de la presidenta no tiene todo el apoyo de sus partidos con los que han ido en alianza electoral, y los cuales no apoyaron la Reforma Electoral propuesta en días anteriores en la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Esa falta de apoyo, ya que no les convenía a esos partidos minoritarios, porque por un lado disminuía sus ingresos económicos, razón principal por las que forman esos partidos y se adhieren al gobernante en turno, lo que los ha convertido en mercaderes de la democracia, pero bueno así se los ha permitido la ley. Pero hoy Claudia quería acabar con esos partidos. No pasó la reforma, y no sucedió tal caso. Ante ello, los morenistas, después de la votación, llamaron a esos diputados y miembros de esos partidos PT y PVEM “traidores a la patria”, “muertos de hambre”, “convenencieros” y tantos adjetivos soeces. Pero la presidencia, a través de la Secretaría de Gobernación de inmediato llamó a los líderes de esos partidos para negociar el plan B, plan que, como todas las propuestas de leyes, iniciativas, reforma, modificaciones legislativas, presentan una serie de irregularidades, que la principal condición que le impusieron a la presidenta que es que presenten una redacción más precisa, para que tengan conocimiento exacto a lo que se van a enfrentar. Para este mal llamado Plan B también se requieren los votos de los senadores del PT y del PVEM, por lo que otra vez está en riesgo la aprobación de esta propuesta legislativa.
A la presidenta se le complica todo. Si fracasa el Plan B, tal vez tenga el Plan C. La modificación a las leyes se ha vuelto tan necesaria para que este gobierno pueda disponer de recursos y sobreviva para el reparto de dinero en lo que resta del sexenio.
Así que o consigue la aprobación o el fracaso político y económico viene a enterrar las posibilidades de tener buenos resultados.














