La seguridad en México sigue siendo una deuda pendiente, pero cuando se mira desde la perspectiva de género, deja de ser deuda y se convierte en una crisis estructural que el Estado ha sido incapaz o renuente a atender con seriedad.
Porque no, no es lo mismo hablar de inseguridad en términos generales que hablar de la violencia que enfrentan las mujeres todos los días. No es lo mismo contar homicidios que reconocer feminicidios. No es lo mismo patrullar calles que garantizar vidas libres de violencia.
El gobierno federal enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: dejar de administrar la violencia y comenzar a transformarla. Y eso implica, necesariamente, entender que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni producto de “casos individuales”, sino la manifestación más cruda de una desigualdad histórica profundamente arraigada.
Las cifras no solo duelen, evidencian. Mujeres desaparecidas, niñas violentadas, madres buscadoras que han tenido que convertirse en investigadoras, peritas y defensoras ante la omisión institucional. ¿Qué mensaje envía un Estado que no protege, pero tampoco busca con eficacia?
La perspectiva de género en seguridad no puede seguir siendo un discurso decorativo. No basta con nombrarla en documentos oficiales o mencionarla en conferencias. Se requiere presupuesto, capacitación real a cuerpos de seguridad, protocolos que sí se apliquen y, sobre todo, voluntad política para incomodar estructuras que históricamente han normalizado la violencia.
Porque también hay que decirlo: muchas de las instituciones encargadas de proteger, reproducen violencia. Ministerios públicos que minimizan denuncias, policías que desestiman agresiones, sistemas judiciales que revictimizan. ¿Cómo confiar en un aparato que, en lugar de sostener, empuja?
El reto es enorme. Implica coordinar niveles de gobierno, romper inercias burocráticas y enfrentar resistencias culturales. Pero también implica algo más profundo: reconocer que la seguridad de las mujeres no puede seguir siendo secundaria en la agenda pública.
No se trata de crear más programas, sino de hacer que funcionen. No se trata de discursos más largos, sino de acciones más contundentes. No se trata de reaccionar cuando la tragedia ya ocurrió, sino de prevenirla.
Porque cada mujer que vive con miedo es una falla del Estado. Y cada vida que se pierde, es una evidencia de que la estrategia no está funcionando.
México no necesita más diagnósticos. Necesita decisiones. Y las necesita ya.
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