Las instituciones tienen el deber de proteger los derechos de las personas y garantizar el acceso a la justicia. Por lo que, en teoría, quien acude ante una autoridad después de haber sufrido una agresión, un abuso o una violación a sus derechos debería encontrar apoyo y un trato digno, sin embargo, muchas víctimas se enfrentan con otra realidad, lejos de hallar respaldo, se encuentran con indiferencia, sospecha, demora y malos tratos.
Esta revictimización ocurre cuando las autoridades o los procedimientos hacen que la persona vuelva a sufrir a partir del modo en que es atendida, esto puede suceder de muchas maneras, en preguntas que insinúan culpa, en comentarios que minimizan lo ocurrido o en actitudes que ponen en duda la palabra de quien denuncia. Esto suele estar relacionado con prácticas normalizadas dentro de las instituciones, con protocolos mal aplicados y con falta de capacitación que con frecuencia olvida que detrás de cada expediente hay una persona que ya fue lastimada.
Una institución cumple su función no solo cuando recibe una denuncia, sino cuando la recibe de manera adecuada, no solo cuando abre un expediente, sino cuando evita que ese proceso se convierta en una nueva fuente de sufrimiento. Resulta ilógico hablar de acceso a la justicia si al buscarla, la víctima se enfrenta a un camino lleno de obstáculos, de trato deshumanizado y de desgaste emocional, por lo que la justicia no puede medirse únicamente por un procedimiento, sino también por la manera en que ese procedimiento se lleva a cabo.
En este sentido, uno de los aspectos más graves de la revictimización institucional es que desalienta la denuncia, muchas personas deciden no acudir a las autoridades precisamente porque saben lo tardado y doloroso que puede ser acceder a la justicia.
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