Varias veces, con esta misma pluma, he dicho que México necesita legisladores que se atrevan a pensar y disentir. Sin embargo, hoy que algunos aliados le han dicho que no a la presidenta, no puedo evitar preguntarme: ¿qué fue lo que pasó?
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentó su primer gran reto el miércoles pasado, cuando llegó al pleno de la Cámara de Diputados. Para ser aprobada necesitaba 334 votos, lo que normalmente habría sido un paseo en el parque considerando los 364 votos que suman Morena y sus aliados. Sin embargo, sin el respaldo de estos últimos, Morena se quedaría lejos de la aprobación.
Tanto los coordinadores del PT como del Partido Verde habían anunciado su descontento con la propuesta. Si solo veinte de esos diputados hubieran votado en contra, la reforma todavía habría tenido posibilidades de ser aprobada. Pero finalmente ambos bloques votaron íntegramente en contra y, después de una hora de discusión, la propuesta electoral —que durante ocho meses había ocupado el centro del debate nacional— fue desechada.
Por primera vez en la historia del movimiento encabezado por Morena, el bloque oficialista sufrió una negativa legislativa a la figura presidencial, y así la presidenta Sheinbaum enfrentó su primera derrota en el Congreso.
En muchas ocasiones he expresado mi enojo con el trato de oficialía de partes que el Ejecutivo suele darle al Legislativo, donde se reprime su naturaleza deliberativa y se ordena a los “levantadedos” aprobar reformas para retirar otro candado al poder presidencial. Bajo esa lógica, podría parecer que esta decisión fue valiente, democrática e incluso saludable para la construcción de un mejor Estado.
Sin embargo, después de dos años cubriendo al Poder Legislativo, también he sido testigo de las aberraciones que se aprueban sin siquiera la decencia de corregir los acentos que faltan. Esta reforma, en cambio, era diferente. Surgió de una apuesta por la participación ciudadana: comenzó con foros en la Secretaría de Gobernación, continuó con negociaciones en Palacio Nacional y fue modificándose para poder avanzar.
Ante la posibilidad de presentar una reforma destructiva —que afectara la independencia de los organismos autónomos, eliminara a los legisladores plurinominales o replicara la propuesta que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador—, Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa mucho más moderada. Si bien tenía pendientes y áreas de oportunidad, atendía los principales puntos que la hoy presidenta ha defendido desde la campaña.
Aun así, los partidos aliados decidieron votar en contra al considerar afectados sus intereses políticos y económicos.
En la lógica política actual —y aún más si pensamos en cómo funcionaba el sistema hace algunos años— resultaba impensable que legisladores aliados le dijeran que no al presidente o a la presidenta. Sin embargo, ocurrió.
Ahora queda por ver qué significa este episodio para lo que resta del gobierno: para la verdadera capacidad de la presidenta de ejercer el poder, para la disciplina de su coalición y, sobre todo, para las próximas elecciones.
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