Dentro de la gran narrativa absurda expuesta desde la rectoría de la UAEM y de las autoridades estatales, incluida la doble victimización que se desprende de las suposiciones que se hacen a la estudiante Kimberly, la realidad es que con su homicidio surge una interrogante que golpea a todos como una bofetada: ¿su desenlace fatal pudo evitarse, y que hubiera pasado si los reclamos de la comunidad universitaria hubieran encontrado eco y las promesas de mayor seguridad dentro y fuera del alma mater se hubieran cumplido?
Cabe destacar que la doble victimización a la que se hace referencia implica no solo el daño irreparable sufrido por Kimberly y su familia, sino también la estigmatización y el señalamiento injustificado hacia su persona por parte de las propias autoridades. Esto radicaliza un ambiente de desconfianza y dolor entre los estudiantes, quienes han manifestado en repetidas ocasiones sentirse inseguros y poco escuchados dentro de la universidad.
La negligencia institucional se hace evidente al observar que, pese a las múltiples marchas, denuncias y llamados públicos por parte de la comunidad universitaria exigiendo mayor seguridad, las acciones emprendidas han resultado insuficientes o meramente simbólicas. Las promesas de reforzar la vigilancia, instalar luminarias o mejorar los protocolos de atención no se han traducido en cambios tangibles y efectivos que protejan a los estudiantes.
La sola presencia de la rectora Viridiana Léon y su séquito de pésimos asesores en la marcha de ayer, agiganta la afrenta que su administración le impone a los universitarios, pues si bien no se le atribuye una responsabilidad directa en los hechos, sí se le señala por omisión. La falta de acciones firmes y la indiferencia ante las demandas de la comunidad universitaria constituyen, en sí mismas, una forma de violencia institucional.
Entre los múltiples reclamos hacia la rectora, destaca uno reciente que Adriana Guadarrama, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), le hizo tras irrumpir en una reunión el pasado lunes. Durante este encuentro, Viridiana León se limitó a escuchar las demandas de los estudiantes, mientras Guadarrama expresó: “Nosotros pudimos identificar que la compañera Kimberly subió en avenida Morelos y bajó en el gimnasio auditorio de esta universidad… El llamado no sólo ha sido desde la semana pasada cuando la compañera desapareció, llevamos un año en nuestras oficinas esperando las luminarias para colocarlas en la universidad, dos años reportando la necesidad que tenemos de hacer un cambio en la empresa de seguridad, nunca hemos sido omisos, pero sí institucionales, nunca hemos puesto ni a la administración ni a ningún ente político de la UAEM en condiciones incómodas porque hablamos de unidad, porque el discurso siempre ha sido vamos juntos como universidad, pero en los hechos solo la FEUM busca la unidad…”.
Este reclamo evidencia el hartazgo de la comunidad estudiantil ante la falta de respuestas concretas de las autoridades universitarias. La FEUM, encabezada por Guadarrama, ha sido una de las voces más persistentes en exigir mejoras en la seguridad y en la infraestructura de la UAEM, especialmente tras casos de asaltos y el robo de maquinaria, equipos y vehículos, sin embargo, su voz se ha perdido entre la indiferencia y la burocracia de la rectoría.
Además, el tema de la empresa de seguridad pone de manifiesto que, pese a los reportes y solicitudes de cambio durante dos años, la administración ha mantenido una postura pasiva, priorizando la institucionalidad sobre la acción efectiva. Esta actitud ha generado frustración entre los estudiantes, quienes sienten que sus necesidades son ignoradas y que las promesas de unidad no se reflejan en la realidad, ya que solo la FEUM ha mantenido un esfuerzo constante por unir a la comunidad universitaria.
La intervención de Guadarrama no solo representa un llamado a la rectora, sino también una denuncia pública de la falta de compromiso institucional para proteger a los estudiantes. Es un recordatorio de que la seguridad y el bienestar de la comunidad estudiantil deben ser prioridad, y que la omisión, la indiferencia y la burocracia pueden tener consecuencias fatales, como ocurrió en el caso de Kimberly. Ante este panorama, la exigencia de acciones concretas, transparentes y efectivas se vuelve urgente, pues la solución no puede seguir esperando mientras la problemática se agrava y la confianza en las autoridades se erosiona.
En conclusión, el caso de Kimberly no es un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que requiere respuestas urgentes y de fondo por parte de las autoridades universitarias y estatales. Es fundamental escuchar y atender las voces estudiantiles, garantizar la seguridad en los espacios educativos y erradicar prácticas de revictimización que perpetúan la impunidad y el dolor, ese dolor que ha caído como lápida en el animo de los universitarios pero que los mueve a exigir de sus autoridades respuestas o su renuncia, porque lo que se viene tan cerca de la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es de pronósticos reservados, a ver…
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