Querétaro decidió intervenir en el terreno digital. La llamada Ley Kuri impide el acceso a redes sociales a menores de 14 años y condiciona su uso, entre los 14 y los 18 a la autorización de sus padres. La intención declarada es reducir la exposición temprana a un entorno que ha demostrado riesgos concretos.
La preocupación no surge del vacío. Plataformas interactivas como Roblox han enfrentado denuncias en distintos países por intentos de contacto indebido con menores. A ello se suman estudios que vinculan el consumo intensivo de redes con ansiedad, alteraciones del sueño y deterioro de la autoestima en adolescentes. El problema existe y no conviene minimizarlo.
Querétaro no actúa en soledad, Australia aprobó una prohibición nacional para menores de 16 años en varias plataformas digitales. En Francia se han endurecido las restricciones en entornos escolares. En Estados Unidos, estados como Utah impulsaron regulaciones similares que posteriormente fueron cuestionadas en tribunales por posibles afectaciones a la libertad de expresión. El debate es global y está lejos de resolverse.
La reacción juvenil tampoco ha sido uniforme, en Australia encuestas realizadas tras la aprobación de la medida mostraron posturas divididas. Algunos adolescentes reconocieron alivio ante la posibilidad de disminuir la presión social que generan las plataformas, otros defendieron esos espacios como su principal forma de socialización y pertenencia. Una constante se repitió en diversas entrevistas,muchas decisiones se toman sin escuchar a quienes viven el entorno digital como parte natural de su identidad cotidiana.
Ahí se encuentra el punto delicado.
Las redes sociales no son un aparato en la sala que se apaga al terminar el día. Constituyen una plaza pública digital donde se construye identidad, se intercambian ideas y se forman comunidades. Regular su acceso implica intervenir en un espacio que además de riesgos, contiene libertad de expresión.
El dilema no radica en proteger o no proteger. Radica en la proporción.
Toda facultad restrictiva nace con una justificación razonable. La historia lo demuestra, lo que determina su legitimidad no es solo la intención inicial, sino la claridad de sus límites y la capacidad institucional de evitar que esa restricción se expanda más allá de su propósito original. Hoy la discusión gira en torno a menores de edad. Mañana podría ampliarse el espectro bajo argumentos igualmente atendibles.
No se trata de anticipar escenarios extremos ni de convertir la regulación en alarma. Se trata de recordar que las democracias funcionan sobre equilibrios sutiles. Protección y libertad conviven en tensión permanente, cuando una se impone sin contrapesos, la otra se debilita.
La tecnología no retrocede. Tampoco la necesidad de cuidar a quienes todavía no cuentan con herramientas suficientes para enfrentarla. La respuesta exige algo más complejo que prohibir o permitir. Requiere educación digital, corresponsabilidad familiar, regulación técnica eficaz y vigilancia institucional.
La Ley Kuri abre una conversación necesaria, su verdadero examen no estará en la intención que la motivó, sino en la manera en que se aplique en los controles que la acompañen y en la disposición para revisarla si los resultados no corresponden a sus objetivos.
Proteger es una obligación.
Preservar libertades también.
El equilibrio entre ambas define la madurez de una sociedad.
#QuéCosa!
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