Cuando discutimos sobre decisiones jurídicas o políticas, solemos concentrarnos en la legalidad, la competencia o el procedimiento. Sin embargo, rara vez nos detenemos a observar aquello que sostiene cada norma y cada decisión pública, es decir los valores bajo los razonamientos. Esto es conocido como axiología, una rama de la filosofía que estudia los valores.
Por lo tanto se entiende que ninguna ley es neutral, en el caso de México, la dimensión axiológica se evidencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se consagran principios y valores que orientan todo el sistema jurídico. La dignidad humana, la igualdad, la libertad y la justicia no son simples palabras declarativas, funcionan como criterios interpretativos que guían la aplicación de las normas.
Por ello, la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cada vez que resuelve un conflicto entre derechos, la Corte realiza un ejercicio de ponderación axiológica en donde decide qué valor debe prevalecer en un caso concreto y bajo qué condiciones puede limitarse otro. El principio pro persona, por ejemplo, revela con claridad esta dimensión en donde ante varias interpretaciones posibles, debe elegirse aquella que otorgue mayor protección a la persona, no es solo una técnica jurídica, es una decisión de valor. Lo mismo ocurre en el ámbito internacional. La Organización de las Naciones Unidas, al proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, afirmó que la dignidad humana constituye un valor inherente a todas las personas, ese acto no fue meramente político, sino axiológico, supuso la afirmación de que ciertos valores deben colocarse por encima.
Desde entonces, el derecho internacional opera como un recordatorio permanente de que el poder tiene límites basados en valores compartidos. En política, la axiología también es determinante, los programas sociales, las prioridades presupuestales y las reformas reflejan una determinada jerarquía de valores. En donde un estado que privilegia la estabilidad económica sobre la redistribución social, o uno que enfatiza la seguridad pública por encima de la libertad, está tomando decisiones axiológicas. La discusión pública no gira únicamente en torno a “qué funciona”, sino sobre “qué vale más”.














