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¿En riesgo sus datos personales por el registro de celulares?


Hechos y Derechos
Por Adrián Román | 3 Febrero, 2026
Opinión
¿En riesgo sus datos personales por el registro de celulares?

El registro obligatorio de líneas móviles en México entró en vigor el 9 de enero pasado y obliga a vincular cada SIM a una persona con CURP o RFC, esto con fecha límite para usuarios existentes el 30 de junio de 2026; las líneas no registradas serán suspendidas y solo podrán hacer llamadas de emergencia, entre otros efectos.

Le explico, el gobierno federal presentó los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial desde el 9 de enero de 2026, que obligan a concesionarios y comercializadores a verificar la identidad de titulares y usuarios, es decir, el usuario no hace el registro ante el gobierno, sino ante la empresa que le presta el servicio de telefonía móvil.

La justificación del gobierno federal es la seguridad pública, lo cual es atender a una triste realidad de nuestro país: extorsiones, fraudes y secuestros virtuales vinculando números a identidades verificables. Esto por supuesto que combate en parte esas conductas, pero, ¿existe evidencia que esta medida realmente combata de forma efectiva estos delitos?, hasta el momento la evidencia internacional no es contundente: informes de la industria (GSMA) y expertos señalan que los registros obligatorios no han demostrado reducir delitos y, en cambio, generan efectos adversos como mercados negros de SIM y desplazamiento delictivo.

¿Ahora, es la primera vez que el Gobierno Federal intenta un registro obligatorio de esta naturaleza?, la respuesta es NO, tenemos intentos fallidos previos con el RENAUT y el PANAUT que terminaron en críticas y en la declaración de inconstitucionalidad del último por la Suprema Corte en 2022, esto por riesgos a la privacidad y al manejo centralizado de datos. ¿Cree usted que en este caso no se cometan los mismos errores?.

El otro tema importante de esta medida es la protección de los datos personales y si existen medidas adecuadas no solamente de los concesionarios, sino el uso que el gobierno federal haga de ellos, en ese sentido la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (reformada y publicada en 2025) endurece obligaciones de los operadores a resguardar y limitar usos de la información, así como mayor calidad de datos, derechos ARCO ampliados, reglas más claras sobre transferencias y procedimientos técnicos para la cancelación y supresión de datos.

Efectivamente, con las experiencias del pasado el registro descentralizado en bases de datos de operadores reduce el riesgo de un padrón único, pero no evita el tema importante: accesos indebidos de parte de autoridades, la falta de garantías de que no habrá fugas o usos indebidos si las plataformas son vulnerables, etc. Piense en ello, si su celular es materia de un delito y está registrado, usted deberá denunciarlo inmediatamente, pero mientras si es una cuestión u otra usted ya está vinculado a un proceso penal. Ahora ¿cree usted que el gobierno no haga mal uso de dicha información?, o ¿no cree usted que esto implique un mayor control del Estado sobre nosotros los ciudadanos?.

Por otro lado, si no hace usted el registro no solamente le suspenderán la línea, sino también el hecho de que si tiene servicios asociados como banca en línea, autentificaciones, etc., las consecuencias son importantes, aunado a que si tiene usted un plan obligatorio con el concesionario tendría la obligación de seguir pagando.

El registro ayudará en parte a la prevención e investigación de delitos, pero no es una panacea: sin transparencia, auditorías independientes y garantías técnicas, corre el riesgo de reproducir fracasos previos y de vulnerar derechos. Es imprescindible que el Estado y los operadores publiquen métricas públicas de avance, protocolos de seguridad y mecanismos de reparación para víctimas de fugas; los usuarios deben actualizar métodos de autenticación (autenticadores, correo) antes del 30 de junio de 2026.

Si la meta es seguridad, la política pública debe combinar registro con investigación efectiva, control judicial del acceso a datos y protección real de la privacidad: sin eso, el registro será un parche costoso que deja intacto el problema que pretende resolver. CARPE DIEM.

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