Los medios internacionales reportan imágenes estremecedoras: se escuchan gritos, golpes y detonaciones de bombas de humo y balas de goma lanzadas para intentar dispersar multitudes. Se observa una densa bruma, agentes con máscaras de gas, toletes y armas. Solo se puede respirar gas lacrimógeno y el terror se siente en las calles.
No se trata de lo que durante años llamaron “países tercermundistas”, ni de protestas en algún lugar de Latinoamérica. No es una guerrilla ni órdenes emitidas por un dictador. Es, aunque parezca increíble, “el país de la libertad”, que hoy vive en carne propia los efectos de una política basada en el odio: una política que fue cultivada durante años y que hoy muestra sus verdaderas consecuencias.
Recuerdo que, en la primera ocasión en la que Trump fue presidente, existía un maremoto de noticias, declaraciones incendiarias e incertidumbre. Pero fue hasta el final de su primer periodo cuando el asesinato de George Floyd llevó la indignación a las calles. Con ella llegó la represión, en forma de fuerzas federales con equipo e instrumentos militares que disparaban, gaseaban y golpeaban a todo aquel que, incluso desde su casa, asomara la cabeza por la ventana para observar las protestas.
En mi mente no cabía cómo una sociedad que se vendía como perfecta y libre permitiría un gobierno que cada vez se parecía más a una dictadura. Hoy, ese mismo efecto no ha tardado en manifestarse: las calles de ciudades estadounidenses se han convertido en zonas de batalla, donde fuerzas federales se enfrentan a civiles hasta dispersarlos… o matarlos.
Desde que Trump entró a la presidencia por segunda ocasión, afirmó que los migrantes indocumentados representaban una amenaza a la seguridad nacional y comenzó a ejecutar su objetivo de deportar a un millón de personas. Para ello utilizó fuerzas federales como ICE —acusada de estar poco entrenada—, a las que otorgó cada vez más recursos y libertades. Estas facultades se usaron para irrumpir en escuelas, hogares y centros de reunión, sembrando miedo e indignación.
De pronto, agentes con formación militar descendían de helicópteros, mientras otros, apostados en las entradas, portaban rifles de asalto para arrestar a civiles. Familias eran separadas e imágenes dantescas de niños arrestados recorrieron los medios internacionales. La falta de preparación, las acciones improvisadas y el uso desmedido de la fuerza provocaron que, hace unos días, fuerzas federales mataron a Alex Pretti con once disparos: un manifestante, enfermero de profesión, que en su tiempo libre cuidaba a veteranos, y que al momento de su muerte se encontraba sometido en el suelo.
El gobierno de Trump, atentando contra toda lógica, intentó hacer creer a la población que lo que veía era falso y que aquel manifestante, que ejercía dos derechos constitucionales, era un “terrorista doméstico”. Tristemente, esta crisis apenas comienza. Hoy, una política basada en el odio a lo distinto ha tomado las calles y ha demostrado que las ideas de odio inevitablemente se convierten en violencia.
También es importante decirlo con claridad: debemos sacar de los encabezados los zapatos o las camionetas de funcionarios que ya sabemos que son corruptos. Debemos indignarnos y encender las alarmas cuando la fuerza del Estado atenta contra la vida, los derechos y la dignidad de las personas. No debemos normalizar ni tolerar el asesinato de civiles.
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