Es difícil creer, a pesar de las estadísticas oficiales, que la inseguridad realmente esté disminuyendo en nuestro país. Los reportes gubernamentales suelen mostrar cifras que indican una tendencia a la baja en los delitos, pero la percepción de la sociedad no coincide con estos datos. Por el contrario, parece que mientras más insisten las autoridades federales y estatales en que sus números son alentadores, más frustrados y temerosos nos sentimos los ciudadanos que diariamente enfrentamos la delincuencia en nuestras calles, colonias y comunidades.
Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el INEGI, en años recientes la percepción de inseguridad se ha mantenido elevada: en 2025, alrededor del 70% de los mexicanos consideraba inseguro vivir en su ciudad. Esto contrasta con los reportes oficiales, que señalan disminuciones en delitos como robo a casa habitación o extorsión, lo que genera un ambiente de desconfianza hacia las cifras gubernamentales.
Además, los medios de comunicación y las redes sociales constantemente informan sobre casos de violencia, asaltos y secuestros, lo que alimenta el temor y la sensación de vulnerabilidad entre la población. Muchos ciudadanos argumentan que, aunque los números puedan mostrar una reducción en ciertos delitos, la violencia se ha vuelto más visible y cercana, afectando directamente la calidad de vida y el bienestar social.
En este contexto, es fundamental que las autoridades no solo se enfoquen en presentar estadísticas, sino que trabajen en recuperar la confianza de la sociedad mediante acciones concretas, transparencia y atención a las víctimas. La seguridad no debe medirse únicamente por los números, sino por la tranquilidad y el bienestar que perciben los habitantes en su día a día.
Otro fenómeno que difícilmente podemos creer que mejore es el de la investigación y los resultados sobre aquellos delitos denunciados, pues el Ministerio Público y en general las instituciones encargadas de perseguir a los delincuentes, desalientan a la ciudadanía por la visible corrupción que se mantiene allí, afianzando la idea de que la justicia sólo es asequible para quien puede pagarla.
Según datos de la ENVIPE 2025, de cada 100 delitos cometidos en México, únicamente alrededor del 11% son denunciados ante alguna autoridad, y de estos, solo una fracción mínima llega a una resolución efectiva. Una de las principales razones por las que las víctimas deciden no denunciar es la desconfianza en las autoridades, el temor a represalias y la percepción de que “no pasa nada” incluso cuando se recurre al sistema de justicia.
La impunidad es un problema estructural: organismos como México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han documentado que la tasa de impunidad en delitos como homicidio supera el 90%, lo que significa que la gran mayoría de estos crímenes quedan sin castigo. Además, las experiencias de corrupción, extorsión y maltrato dentro de las agencias del Ministerio Público refuerzan la percepción de que la justicia es inaccesible para quienes no cuentan con recursos económicos o influencias.
Esta situación crea un círculo vicioso donde la falta de resultados y la sensación de indefensión inhiben la participación ciudadana, debilitan el tejido social y perpetúan la desconfianza en las instituciones. Por ello, seguiremos insistiendo sobre la urgencia de que se impulsen reformas que garanticen la transparencia, el profesionalismo y la rendición de cuentas en el sistema de procuración de justicia, así como mecanismos efectivos de atención y protección a las víctimas, veremos…
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