Venezuela

El 2026 llegó sorprendiéndonos a todos, primero con el sismo de magnitud 6.5 que sacudió gran parte del centro del país y la madrugada del 3 de enero con la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en territorio venezolano, marcando así un paradigma no solo para Venezuela, sino para el sistema político internacional en su conjunto.

Dicha detención se trata de un acto de enorme gravedad jurídica y política que a todas luces transgrede la soberanía de un Estado, aún y cuando se trate de uno de los regímenes más autoritarios y violatorios de derechos humanos del mundo.

Si bien los “expertos internacionalistas” no se han hecho esperar en las redes sociales, para entender lo que está ocurriendo hoy, es indispensable mirar el proceso que conllevó a Venezuela hasta este punto.

Recordemos que en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro heredó un proyecto político ya tensionado, profundamente personalista y dependiente del control del poder estatal. Con el paso de los años, ese proyecto derivó en una consolidación autoritaria: elecciones sistemáticamente cuestionadas, persecución de la oposición, cooptación de los poderes públicos, represión social y una crisis humanitaria que provocó el éxodo de millones de venezolanos. La soberanía venezolana, en términos reales, dejó de ejercerse en favor de su población desde hace mucho tiempo.

Este deterioro interno explica más no no justifica el escenario actual.

Desde la perspectiva estadounidense, la detención de Maduro se inscribe en una narrativa de seguridad, persecución penal internacional y combate a redes criminales transnacionales. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, la operación constituye un acto arbitrario: no hubo mandato multilateral, no existió autorización de organismos internacionales y se violó de manera directa la integridad territorial de Venezuela.

Aquí emerge la tensión central de este episodio: la colisión entre soberanía estatal y derechos humanos.

La soberanía no es un concepto absoluto ni vacío. En el orden internacional contemporáneo, está intrínsecamente ligada a la responsabilidad de los Estados de proteger a su población. Cuando un gobierno viola de forma sistemática los derechos humanos, persigue a sus ciudadanos y anula cualquier vía interna de cambio democrático, su legitimidad se erosiona profundamente. Venezuela lleva años en ese escenario.

No obstante, el hecho de que un régimen dictatorial no convierte automáticamente en legítima la intervención unilateral de una potencia extranjera. Normalizar este tipo de acciones implica aceptar un precedente peligroso: que los Estados con mayor poder militar decidan, por cuenta propia, cuándo y cómo intervenir en otros países, sin reglas claras ni controles colectivos.

Este es el punto que resulta más preocupante.

Es posible sostener una postura crítica frente al intervencionismo estadounidense y, al mismo tiempo, reconocer que la situación interna de Venezuela fue el caldo de cultivo que permitió este desenlace. Ambas cosas pueden ser ciertas sin contradicción. Defender la soberanía nacional no puede significar cerrar los ojos ante décadas de violaciones de derechos humanos; pero defender los derechos humanos tampoco puede implicar avalar acciones que debilitan el orden jurídico internacional.

El futuro inmediato de Venezuela es incierto. La caída de una figura autoritaria no garantiza, por sí sola, una transición democrática. Sin instituciones fuertes, sin consenso interno y sin acompañamiento internacional legítimo, el riesgo de mayor inestabilidad es alto. Para América Latina, este episodio reabre un debate incómodo pero urgente: cómo enfrentar a las dictaduras sin renunciar a los principios que dicen sostener el sistema internacional.

La detención de Nicolás Maduro no puede leerse como una victoria automática de la justicia ni como un simple acto de agresión imperial. Es, más bien, el reflejo de un fracaso prolongado: el de un régimen que anuló a su propio pueblo y el de una comunidad internacional incapaz de construir salidas colectivas, legales y eficaces.

Y en ese vacío, la fuerza terminó imponiéndose sobre el derecho.