La aprobación de la reforma que contempla la desaparición del IMIPE marca un momento relevante en la vida institucional del estado. Más allá del debate legislativo o de las posturas encontradas, el hecho obliga a una reflexión necesaria. Las instituciones pueden transformarse o extinguirse, pero las funciones que sostienen derechos fundamentales no deben diluirse en el proceso.
El IMIPE como órgano garante, no era un fin en sí mismo, su razón de ser fue asegurar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Por ello, el centro de la discusión no debería colocarse únicamente en su desaparición, sino en la manera en que esas funciones serán asumidas, preservadas y fortalecidas en el nuevo diseño institucional.
Pues las reformas administrativas suelen justificarse en la búsqueda de eficiencia, simplificación o reordenamiento del aparato público, estos objetivos son legítimos. Sin embargo, cuando se trata de derechos que funcionan como contrapesos del poder, la transición debe atender un estándar más alto, basándose en garantizar continuidad, imparcialidad y confianza ciudadana. El desafío no es menor cuando la función que antes recaía en un órgano autónomo se traslada a una estructura distinta.
Se conoce que la autonomía institucional ha sido históricamente una herramienta para generar certeza en la toma de decisiones y evitar interferencias indebidas. En este contexto, el riesgo no es el cambio, sino la falta de certeza, el riesgo principal no radica en la modificación institucional, sino en las consecuencias de una transición mal definida. Para evitarlo, resulta fundamental que la reforma se implemente con lineamientos claros, una transición ordenada, la adecuada protección de los archivos públicos y la preparación técnica del personal que asumirá estas responsabilidades.
La reconfiguración institucional exige también revisar las prácticas administrativas, los cambios estructurales resultan insuficientes si no van acompañados de un compromiso efectivo de los entes públicos con la transparencia y la garantía de los derechos. En este nuevo escenario, la responsabilidad no recae únicamente en la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, sino en todo el aparato gubernamental.
El verdadero reto, entonces, no es explicar por qué una institución deja de existir, sino demostrar que el derecho que protegía seguirá vivo, accesible y eficaz. En tiempos de reconfiguración institucional, la transparencia no debería ser una promesa futura, sino una garantía presente.
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