"Summum ius, summa iniuria." (La aplicación extrema de la ley es la máxima injusticia). Marco Tulio Cicerón
En 2011 México vivió un cambio radical en la forma en la que debe entenderse, interpretarse y aplicarse la ley, ese cambio tiene un eje fundamental y es el principio pro persona. Aún cuando se puso en el lugar más visible de la Constitución Política, a más de diez años, el país se enfrenta a una realidad: un poder judicial que, en gran medida, sigue sin entender su significado y sus alcances. Nos encontramos aun con juzgadores que buscan de forma casi compulsiva la forma y olvidan el fondo, haciendo que la administración de justicia se vuelva un ejercicio burocrático de “sacar la chamba”, tramitar para desechar en lo posible, denegar la justicia es más rápido, en lugar de resolver los conflictos que se presentan ante dicho poder público.
En su forma de proceder pareciera que hubiesen creado un nuevo deporte: la invención de causales de improcedencia y el forzar a que sea improcedente lo que no lo es. El fin dejó de ser la solución a controversias, para encontrar la salida técnica más rápida para no estudiar el asunto. Esta actitud deniega la justicia a la población, bajo el brutal argumento del rigor técnico, que es lo opuesto al mandato constitucional. Priorizando el rito procesal por encima de los derechos humanos, el sistema traiciona su propia razón de existencia.
Indolencia y superficialidad parecen enquistadas en juzgados y tribunales. No debe olvidarse que sentencia, comparte raíz con sentir. Si la sentencia no surge de la comprensión profunda del asunto, carece de esencia, es coraza, simulación. No se puede impartir justicia desde la frialdad de la indiferencia, la insensibilidad y el desinterés, olvidando que en cada caso hay personas, patrimonios y libertades en juego. La sensibilidad no es una debilidad, para el juzgador es su herramienta más importante, ya que no imparte trámites, sino justicia.
Si el juzgador es incapaz de entender el dolor humano, si no le duele la injusticia, el abuso, si no le significa nada que el justiciable necesite que la autoridad no se exceda, escudándose en un formalismo inhumano, es ahí en donde se encuentra el primer acto de injusticia, ocupar un espacio destinado a la protección de la dignidad humana.
La crisis del sistema judicial no es de leyes sino de empatía, mientras el poder judicial no recupere la capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, el gran avance del principio pro persona seguirá en espera de ser entendido por quien debe aplicarlo a diario.














