A partir de la llegada del gobierno progresista al poder en México, una parte de la derecha ha operado con precisión quirúrgica para intentar descarrilarlo. No es casualidad ni coincidencia, es la defensa de un sistema de privilegios que durante décadas les permitió obtener beneficios, influir en decisiones públicas y jugar con reglas hechas a su medida. Por ello, uno de los puntos donde más se sienten agredidos es en los impuestos.
La disputa política en México no sólo es ideológica, es económica, mediática y por tanto estructural. La llegada de un gobierno progresista en México trastocó intereses que por décadas estuvieron protegidos por los gobiernos del PRI y el PAN. Estos grupos son los que ahora traen ese golpeteo contra el proyecto de la transformación, con un objetivo claro: desgastar a la 4T, recuperar influencia y evitar un sistema fiscal donde los grandes empresarios paguen lo que corresponde.
Cuando este gobierno comenzó a cerrar agujeros fiscales, es decir, a fiscalizar a grandes contribuyentes y revisar esquemas de evasión, la reacción de la derecha fue inmediata y virulenta. Reorganizó su maquinaria mediática para pintar al país como si estuviera al borde del colapso.
Su estrategia mediática, operada desde 2018 a través de medios como Reforma, Latinus, TV Azteca, Televisa y comunicadores como Carlos Loret, Víctor Trujillo, Ciro Gómez Leyva, entre otros, busca hacer creer que el país está en ruinas, aun cuando los datos muestran lo contrario. La parte empresarial, encabezada por Claudio X. González, Gustavo de Hoyos y Ricardo Salinas Pliego, articuló organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la alianza Va por México, cuyo objetivo ha sido recuperar el país bajo un modelo donde los corporativos mantienen influencia sobre las políticas públicas.
Figuras como Gustavo de Hoyos impulsaron la narrativa de que fiscalizar a grandes contribuyentes o limitar el outsourcing abusivo era un ataque a la iniciativa privada. En realidad, muchas empresas se beneficiaron durante años de planeación fiscal agresiva, condonaciones y reglas a modo en gobiernos anteriores.
El PAN, históricamente cercano a cúpulas empresariales, adoptó la bandera del freno a cualquier reforma que aumentara controles fiscales o redujera exenciones. Sus legisladores repiten que el proyecto de la transformación ahuyenta inversiones, aun cuando empresas como Tesla, BMW y Toyota han ampliado operaciones en México. El PRI, aunque debilitado, sigue actuando como bloqueador legislativo en reformas energéticas o fiscales que afectarían contratos pasados.
La derecha mexicana entiende que perdió un sistema de privilegios que funcionó a su favor por décadas. Por ello, su estrategia es clara: saturar la discusión pública con ruido mediático, sabotear reformas que afectan sus intereses y desgastar al proyecto político que amenaza su estructura de poder.
En esta disputa ideológica, el fondo son los intereses económicos de quienes se sentían intocables. Pegarles en lo fiscal es pegarles en los bolsillos de quienes siempre tuvieron el control, por eso su reacción no es suave.
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