El rezago en los tribunales federales de amparo en Morelos refleja una crisis del “nuevo” poder judicial federal: miles de expedientes se acumulan en los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, generando demoras que afectan directamente la certeza jurídica de las personas. Cabe precisar que las movilizaciones y suspensión de las labores de “resistencia” del año pasado, rezagó los procedimientos en tramite y una vez aprobada la mal llamada “reforma” al Poder Judicial, claramente los asuntos rezagados continuaron en dicha tesitura, incluyendo inclusive los de la suprema corte de justicia. Por lo que dicha “represaría” no vino más que aumentar la percepción de desconfianza en la impartición de justicia federal.
Esto es así, puesto que todos los asuntos tanto civiles, mercantiles, familiares, administrativos, laborales, etc. generalmente llegan a esa vía federal al ser tribunales terminales en su generalidad, es decir, es una cadena de instancias relacionadas que afectan la tramitación de los asuntos, y por ello, la percepción de acceso a la justicia de las personas.
El Poder Judicial de la Federación enfrenta un problema estructural: más de un millón de asuntos sin resolver en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito en todo el país.
El juicio de amparo, concebido como un mecanismo ágil para proteger derechos fundamentales, se ha convertido en un procedimiento saturado. El tiempo promedio de resolución oscila entre varios meses y hasta más de un año, dependiendo de la complejidad del caso y la carga de trabajo.
La amplitud de su procedencia ha provocado que los tribunales enfrenten un flujo de asuntos que rebasa su capacidad operativa y con ello, la percepción de justicia de las personas, quizás esto fue mucho de lo que la mal llamada reforma al Poder Judicial lo provocó, sin embargo, ¿ha cambiado algo?.
El rezago no es un simple problema administrativo: dilata la justicia y genera una espiral de impunidad, los juicios que deberían garantizar derechos se ven atrapados en tiempos muertos.
En Morelos, para nosotros los litigantes la espera prolongada en la definición de asuntos de amparo puede neutralizar el efecto protector del juicio, pues la tardanza convierte la justicia en un recurso tardío y, por ende, ineficaz. Lo que hace que muchos de nuestros clientes nos cuestionen sobre nuestro trabajo como litigantes, cuando muchos de dichos tiempos muertos no son imputables a nosotros, lo anterior, independientemente de no garantizar en su caso que un tribunal federal les de la razón.
De acuerdo con cifras nacionales, cada juez federal resuelve en promedio 895 asuntos al año, es decir, unos 17 por semana. Sin embargo, la cantidad de expedientes ingresados supera la capacidad de resolución, lo que genera un desfase constante y aunque los jueces trabajan con intensidad, la carga estructural impide que los plazos sean razonables para garantizar justicia pronta y expedita. Pareciera que a veces los juzgados federales, buscan causas para desechar demandas de amparo o sobreseerlos simplemente para aminorar su carga de trabajo, cuándo en muchas de las ocasiones realmente es nuestra única esperanza.
El rezago en los tribunales federales de amparo en Morelos es más que una cifra: los derechos de miles de personas permanecen en suspenso. La pregunta que queda abierta es si el sistema judicial podrá reinventarse para que el amparo recupere su esencia: ser un instrumento eficaz y oportuno de protección constitucional CARPE DIEM.
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