Para el titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), Guillermo García Delgado, es probable que los hechos delictivos y ejecuciones que evidentemente tienen a la capital del estado con un alto índice de criminalidad y violencia se deban al aumento de las detenciones producto del combate a este flagelo. Según García Delgado, el incremento en la actividad policiaca, específicamente las detenciones, podría estar generando una reacción adversa por parte de los grupos delictivos, quienes buscan recuperar el control o enviar mensajes de fuerza mediante actos violentos.
Esta interpretación sugiere que la violencia es una respuesta directa a la presión ejercida por las autoridades. Si la fórmula planteada por el funcionario se aplicará a la inversa, iríamos de gane ya que a menor actividad policiaca menores hechos de violencia, ¿será?
No obstante, diversos expertos en seguridad pública han señalado que la relación entre el número de detenciones y el aumento de la violencia es más compleja. Por ejemplo, la desarticulación de células criminales puede provocar luchas internas por el liderazgo, lo que a menudo deriva en enfrentamientos y ejecuciones. Además, al incrementar la presencia policiaca, los grupos criminales pueden verse obligados a modificar sus operaciones, lo que en ocasiones genera reacomodos violentos en el territorio.
Si la fórmula planteada por el funcionario se aplicara a la inversa, es decir, que menos actividad policiaca implicaría menos hechos de violencia, surgiría una paradoja. La disminución de la acción policial podría dar lugar a una mayor impunidad, permitiendo que los grupos delictivos operen con libertad y, eventualmente, aumentando los índices de criminalidad. Por lo tanto, la solución no parece ser reducir el trabajo policial, sino fortalecer las estrategias de prevención, inteligencia y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
En el contexto de Cuernavaca, la inseguridad ha sido una preocupación constante para la ciudadanía. Los datos oficiales muestran que los delitos de alto impacto, como homicidios dolosos y extorsiones, han mantenido una tendencia al alza en los últimos años. Organizaciones civiles y académicos han insistido en la necesidad de implementar políticas integrales que incluyan el desarrollo social, la generación de empleo y la atención a grupos vulnerables, además de la acción policiaca.
En conclusión, atribuir el aumento de la violencia únicamente al incremento de las detenciones resulta simplista. El fenómeno responde a múltiples factores sociales, económicos y organizacionales, por lo que es indispensable abordar el problema desde una perspectiva multidisciplinaria, que integre prevención, persecución del delito y reconstrucción del tejido social.
Por cierto, que el tema de la inseguridad no es exclusivo de Cuernavaca y en realidad varios municipios del estado sencillamente son avasallados por la ola criminal que prevale y arrecia, pues, aunque desde las esferas del gobierno se diga lo contrario, es evidente que nomás no se puede con el paquete, misma situación que se vive en muchas regiones del país donde la delincuencia organizada es la que manda. Esta problemática se refleja en el aumento de delitos como secuestros, extorsiones y homicidios, que afectan tanto a zonas urbanas como rurales. Los habitantes de estas comunidades viven con temor constante, ya que la presencia de grupos delictivos limita sus actividades cotidianas y pone en riesgo su integridad y patrimonio.
En muchos de estos municipios, la respuesta institucional suele ser insuficiente debido a la falta de recursos, personal capacitado y una estrategia integral de seguridad. Mientras tanto, la delincuencia se ha infiltrado en la vida diaria, imponiendo cuotas, realizando cobros de piso y generando desplazamientos forzados. Las autoridades locales, en ocasiones, se ven rebasadas por la magnitud del problema o incluso, según señalamientos de la sociedad civil, pueden estar coludidas con estos grupos.
La sensación de abandono por parte del Estado ha llevado a algunos pobladores a organizarse nuevamente en grupos de autodefensas o buscar alternativas comunitarias para protegerse, aunque esto también genera nuevos riesgos y conflictos. La situación evidencia la urgencia de replantear las políticas públicas de seguridad, pues la prevención y la reconstrucción del tejido social no han sido efectivas, así como urgen resultados en la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como la participación activa de la ciudadanía para recuperar la paz y la confianza en las instituciones, a ver…
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