La percepción generalizada entre los maestros locales sostiene que la venta de plazas y otros favores ilegales en el sector educativo no son prácticas nuevas, sino muy arraigadas en la historia del magisterio. Muchos afirman que estos actos han existido "de toda la vida", y aunque es difícil refutarlo, también hay que reconocer que se ha documentado la participación tanto de autoridades educativas como sindicales en estas irregularidades. Sin embargo, es importante destacar que, a raíz de la reforma educativa de 2012 impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se implementaron cambios significativos en los procesos de ingreso, promoción y asignación de incentivos económicos, sólo de atribución oficial y desplazando de cualquier intervención al sindicato.
Desde esa reforma, la ley establece que estos procesos deben realizarse mediante concursos públicos de oposición, con el objetivo de garantizar la transparencia y la equidad en el acceso a los puestos y beneficios dentro del sistema educativo. La responsabilidad de llevar a cabo estos concursos recae exclusivamente en las autoridades educativas competentes, representadas primero por la Unidad del Servicio Profesional Docente (USPD, de 2012 a 2019), y posteriormente por la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros (USICAMM, desde 2019 hasta la fecha).
En teoría, el funcionamiento de la USICAMM ha buscado profesionalizar la carrera docente y evitar prácticas ilegales, como la venta de plazas, mediante mecanismos de evaluación y concursos abiertos donde los aspirantes deben cumplir con criterios específicos y demostrar sus capacidades. No obstante, en la práctica y a pesar de estos avances legales y administrativos, persiste, y con toda razón, entre maestros y la sociedad en general, la desconfianza de estas medidas para erradicar los cochupos y actos de corrupción en estos procesos.
Vale la pena considerar que la lucha contra la corrupción en el sector educativo no depende únicamente de las reformas legales, sino también de la vigilancia ciudadana, la transparencia en la información pública y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad entre los actores involucrados.
Lo que ha ocurrido recientemente en el Instituto de la Educación Básica del Estado es el mejor ejemplo de hasta dónde pudo escalar la corrupción de las autoridades educativas, y de quienes directamente han estado a cargo de la USICAMM, y más antes de la USPD, cuya opacidad sigue siendo el sello de la casa y la corrupción una afrenta prácticamente desde su implementación.
La opacidad en los procedimientos, sumada a la falta de mecanismos efectivos de vigilancia y rendición de cuentas, permitió que se perpetuaran viejos vicios, como la venta de plazas y favores a cambio de beneficios personales. Esta situación no solo debilitó la confianza de los maestros y de la sociedad en general, sino que también generó una confrontación permanente entre las autoridades educativas y las sindicales del SNTE, que durante décadas mantuvo una influencia determinante en la distribución de plazas.
El desplazamiento del sindicato de la participación directa en estos procesos, que tradicionalmente se dividían bajo el famoso esquema del "50 y 50 por ciento", donde tanto las autoridades como el sindicato asignaban a partes iguales las plazas, desató una serie de tensiones y rivalidades. Las nuevas reglas intentaron limitar el poder sindical en la toma de decisiones, pero esto provocó que muchos actores buscaran otros medios para seguir beneficiándose de manera irregular. Así, lejos de erradicar la corrupción, los cambios en el sistema crearon nuevos escenarios de conflicto y discrecionalidad, donde la falta de transparencia continuó siendo el principal obstáculo para lograr un sistema verdaderamente justo y meritocrático.
En este contexto, es evidente que la reforma educativa y la creación de organismos como la USPD y la USICAMM no han sido suficientes por sí solas para transformar la cultura institucional y eliminar los intereses que históricamente han dominado el sector. En esta coyuntura la representación sindical paga culpas ajenas y exclusivas de las autoridades, pero también es víctima de esa creencia popular justificada que arrastra desde tiempos remotos, pues en realidad prevalece su exclusión sobre la generación y el destino de las plazas docentes, a ver…
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