Nuestro país se caracteriza por ser democrático y constitucional de derechos, en el cual el sentido de justicia se cimenta sobre una base sólida de verdad; no obstante, la sociedad mexicana tiene una percepción generalizada respecto a la impunidad que prevalece en la investigación y aplicación de sanciones por la comisión de un delito, el ciudadano se da cuenta que sus gobernantes con frecuencia mienten.
Al respecto, poco se habla del delito de falsedad ante autoridad, el cual puede entenderse como mentir a una autoridad judicial de forma intencional respecto de un testimonio o informe dentro de un proceso legal.
En el estado de Morelos, esta conducta se encuentra prevista y sancionada en el artículo 221 del Código Penal vigente en la entidad, el cual establece que, teniendo legalmente la obligación de conducirse con verdad en un acto ante la autoridad, apercibido por ésta, se condujere con falsedad u ocultare la verdad, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa.
Por su parte, el artículo 221 Bis de la citada legislación, establece que, al examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar o, aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba en el proceso del hecho que se investiga o que aumente o disminuya su gravedad, que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre la materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.
A través de la aplicación de estas sanciones, se pretende inhibir una práctica que pocas veces es visibilizada, pero que puede llegar a generar consecuencias de imposible reparación, desde cambiar la dirección de la investigación, hasta condenar de manera injusta a personas inocentes.
Y es que en un escenario en el que la corrupción y la impunidad son una constante en el Estado de Morelos, la comisión de esta conducta delictiva constituye un arma para poder manipular procesos legales y con ello, afectar una decisión judicial, lo que genera en la población una mayor desconfianza hacia los juzgadores.
Por estos referentes, más allá de su tipificación, es necesario generar una cultura jurídica con el fin de promover la responsabilidad que conlleva el rendir una declaración ante una autoridad judicial, pues ello no debe ser visto como un acto trivial, sino como un paso que nos acerca a la verdad y a la justicia, siendo estos los principios que sostienen el sistema legal mexicano.














