Las lluvias torrenciales que se han registrado en buena parte del país durante los últimos días y que tienen en situación de emergencia a varias entidades, incluido nuestro estado, han provocado enormes pérdidas y, lamentablemente, no sólo materiales sino también humanas. Estas precipitaciones intensas han causado inundaciones en zonas urbanas y rurales, dejando a miles de personas sin hogar, dañando carreteras, puentes y servicios básicos como agua potable y electricidad. A pesar de que en años anteriores se han implementado acciones preventivas, como la construcción de obras hidráulicas, campañas de concientización y simulacros de evacuación, poco ha resultado efectivo para prever consecuencias tan graves como las que hoy se enfrentan.
La magnitud de los daños pone de manifiesto que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades no están suficientemente preparados para auxiliar a la población ni para responder a una emergencia de tal envergadura. Muchas familias han tenido que esperar horas, incluso días, para recibir apoyo, y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ha mostrado claras deficiencias. Falta infraestructura adecuada, recursos humanos capacitados y materiales suficientes para atender a la población afectada, lo que genera una sensación de abandono y vulnerabilidad entre los ciudadanos.
Esta situación debería ser una llamada de atención para que las autoridades revisen y fortalezcan sus planes de protección civil, inviertan en tecnología y capacitación, y promuevan una cultura de prevención más efectiva. Es necesario que se incremente la inversión en infraestructura resiliente y en sistemas de alerta temprana, así como en programas de apoyo inmediato para las víctimas de desastres naturales. Sólo de esta manera se podrá evitar que una tragedia como la actual vuelva a repetirse y garantizar que la población reciba la ayuda necesaria en los momentos más críticos.
Sin duda, y al margen de cualquier debate estéril ante la emergencia, ahora es cuando debe pensarse en retomar una estrategia que permita contar con fondos suficientes y programas eficientes de atención, pues como se recordará, el gobierno del expresidente López Obrador desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se componía de una reserva para la reconstrucción y un Fondo para la Atención de Emergencias, que proporcionaba ayuda inmediata como víveres.
La desaparición del Fonden ha dejado un vacío importante en la capacidad de respuesta ante desastres, ya que este mecanismo permitía actuar de manera rápida, transparente y coordinada, facilitando la entrega de recursos a las entidades afectadas y la atención oportuna a la población damnificada. Actualmente, ante la falta de este fondo, los procesos de apoyo suelen ser más burocráticos y lentos, lo que retrasa la llegada de ayuda fundamental como alimentos, medicinas, cobijas y materiales para la reconstrucción de viviendas e infraestructura esencial.
Por ello, resulta indispensable que las autoridades federales y estatales analicen la posibilidad de crear o recuperar esquemas similares al Fonden, adaptados a las necesidades actuales y con reglas claras de operación, fiscalización y transparencia. Así, se garantizaría que, ante futuras emergencias, el país cuente con un respaldo financiero sólido y procedimientos eficientes que permitan actuar de inmediato, evitando el sufrimiento prolongado de las personas afectadas y la agravación de las pérdidas materiales y humanas.
Además, sería necesario fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil y el sector privado, para lograr una respuesta integral y solidaria. Solo con una estrategia bien estructurada y recursos disponibles se podrá enfrentar con éxito cualquier contingencia y construir una cultura de prevención y resiliencia ante los desastres naturales, a ver…
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