¿Qué pasa con las instituciones del mañana?

La democracia no consiste únicamente en una forma de gobierno; representa también un conjunto de principios y valores que deben reflejarse en la vida cotidiana de la sociedad. En la medida en que los individuos se impregnan de estos valores, la democracia se reproduce y fortalece. En este sentido, las instituciones  sostienen prácticas esenciales como la igualdad, la libertad y, sobre todo, el respeto a las reglas democráticas.

Recientemente, en la Máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, estos principios fueron quebrantados al imponerse, de manera unilateral, al encargado de despacho de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sin realizar elecciones previas ni cumplir con los requisitos legales para su encargo. Se vulneraron las normas básicas del proceso: no se convocó al voto de estudiantes ni de directivos, ni tampoco de administrativos y se ignoró el papel del Consejo Técnico en la designación del cargo, para constituirse como Colegio Electoral.

Lo verdaderamente trágico no radica solo en el acto antidemocrático ni en la violación de derechos políticos y universitarios, sino en todo lo que ello simboliza. En un acto privado, desde el interior de las oficinas centrales —con la participación de autoridades de la facultad, miembros del profesorado y, para dotar de aparente legitimidad al proceso, la propia rectora— se consumó una imposición que contradice los valores que la universidad debería encarnar. 

En reciente precedente del Poder Judicial de la Federación, se hizo notar como criterio relevante aplicable para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que debería existir elección, en este turno, y por ahora, no solo no se elige sino que además, se designa, a un hombre, en contravención franca al criterio sostenido por el precedente en cita. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales forma a los futuros operadores del derecho, aquellos que habrán de enseñar y defender las leyes del Estado. Sin embargo, la administración central desatiende los principios democráticos que debería proteger, en términos de lo dispuesto en el artículo 3 Constitucional.  Mediante supuestos mecanismos legales, de imposición, se ha vulnerado la esencia de la autonomía universitaria. Las universidades son, o deberían ser, el último refugio de la democracia y la libertad.

Durante décadas, la Máxima Casa de Estudios —y en particular la Facultad de Derecho— se distinguió por su compromiso social y su participación en la vida pública. Los profesores que la fundaron y construyeron su prestigio dotaron a la abogacía morelense de un profundo sentido ético y social. Hoy, ese legado parece desvanecerse porque dentro de la misma facultad se transgreden los derechos que antaño se defendían. Es una ironía dolorosa: quienes deberían salvaguardar la legalidad, los abogados, son ahora quienes la quebrantan, bajo el cobijo de quienes en la administración central deberían provocar la participación de la comunidad universitaria en la elección de sus representantes.

Conviene recordar que la universidad no pertenece ni a los profesores, ni a los rectores, ni a los alumnos: pertenece a todas y a todos. Las reglas existen para garantizar igualdad y libertad; los procesos, para ofrecer certidumbre y coherencia. La democracia, para protegernos a todos.

La gran lección de este momento es no olvidar el pasado y defender el futuro. Las democracias no siempre caen con estruendo, muchas veces se desmoronan en silencio, entre aplausos y complacencias. Y, con frecuencia, quienes contribuyen a su deterioro son los mismos que alguna vez juraron defenderla.

La pregunta queda abierta: ¿qué será de las instituciones del mañana, especialmente de aquellas que hoy hipotecan su futuro?