Vivimos en una sociedad en donde la protesta social ha sido tradicionalmente vista como un acto de legítima denuncia, una forma de participación ciudadana que le permite al pueblo expresar su disconformidad ante decisiones que afectan su bienestar colectivo. Sin embargo, en los últimos años, las reformas impulsadas por los gobiernos nacionales y regionales parecen estar desdibujando los límites entre la crítica legítima y la criminalización de la protesta. Este fenómeno no solo refleja una actitud autoritaria, sino que también vulnera derechos fundamentales que hacen posible una democracia.
La tensión que existe entre lo legal y lo legítimo, entre la justicia y la violencia. La criminalización de las protestas se enmarca en una lógica en la que la autoridad busca delimitar qué expresiones sociales son aceptables y cuáles deben ser reprimidas. Pero esta línea no es clara ni definitiva más bien, se vuelve difusa y vulnerable a los intereses políticos del momento.
Uno de los aspectos más alarmantes es la serie de reformas que, bajo el disfraz de “rendición de cuentas”, recortan derechos constitucionales esenciales. La reforma a la ley de Amparo, por ejemplo, ha sido objeto de críticas por limitar la protección judicial de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias de las autoridades, estos cambios implican mayores obstáculos para acceder a procedimientos de protección contra actos que vulneren derechos humanos.
Esto, en la práctica restringe la capacidad de movilización y protesta, pues limita la posibilidad de impugnar acciones o leyes que niegan derechos constitucionales esenciales.
Desde la perspectiva filosófica y jurídica, esta tendencia de criminalizar la protesta se aleja de los planteamientos de autores como Walter Benjamin o Derrida, quienes advierten que la violencia, bajo ciertas condiciones, puede ser un acto legítimo de resistencia.
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