La protección de los derechos fundamentales es una acción que determina el bienestar y el desarrollo de sus habitantes. Entre esos derechos, la seguridad ciudadana emerge como uno de los pilares esenciales para garantizar una vida digna. Sin embargo, la seguridad todavía es un derecho por conquistar en su plena dimensión, pues las amenazas a la integridad de las personas se multiplican, diversificando sus formas de actuar y generando un escenario cada vez más complejo.
La búsqueda de seguridad ha sido inherente a la existencia misma del ser humano. Desde las primeras comunidades hasta las sociedades modernas, las personas han sentido la necesidad de sentirse protegidos, esa necesidad básica, que ha trascendido los tiempos, en donde hoy se materializa en el reconocimiento de la seguridad ciudadana como un derecho humano fundamental, consagrado en instrumentos universales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Uno de los principales conflictos que intenta salvaguardar este derecho es la prevención de la violencia dado que la presencia de violencia en una sociedad socava el ejercicio del derecho a la seguridad, pues cuando los actos violentos se incrementan, los ciudadanos ven afectada su capacidad de gozar plenamente sus derechos fundamentales.
La seguridad ciudadana no solo implica la ausencia de violencia, sino que también conlleva la garantía efectiva del goce pleno de derechos y libertades. Sin embargo, la realidad que enfrentamos en muchas comunidades es otra: la inseguridad, la delincuencia organizada, las nuevas modalidades delictivas y la impunidad amenazan constantemente la paz social. De esta manera el cumplimiento de este derecho funge como una herramienta principal para lograrla.
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