El fin de semana, en varias sucursales de Walmart, se desató un caos inesperado. Televisores con valor de más de $14,000 aparecieron exhibidos en $299 y $547 pesos. Clientes reclamaron su derecho a comprarlos, hubo discusiones, presencia de la policía y hasta denuncias públicas en redes sociales.
La Ley Federal de Protección al Consumidor es clara. Los proveedores deben respetar los precios exhibidos, pero hay una excepción, el llamado “error evidente” cuando el precio es tan desproporcionado que resulta absurdo, la tienda puede negarse a venderlo, eso fue lo que recordó la PROFECO.
La PROFECO es la Procuraduría Federal del Consumidor, un organismo público creado en 1976 y sectorizado en la Secretaría de Economía. Su tarea es defender los derechos de los consumidores y vigilar que los proveedores respeten precios, promociones y garantías. En teoría es el árbitro que equilibra la relación entre el ciudadano y las grandes empresas, aunque en la práctica suele quedarse en recomendaciones y conciliaciones que rara vez trascienden.
El caso revela una contradicción para el ciudadano común el precio en la etiqueta es palabra final, para la corporación existe el salvavidas legal del “error evidente”. ¿Quién decide dónde está la línea?
Los números hablan en 2023 PROFECO recibió más de 40 mil quejas relacionadas con incumplimiento de ofertas y precios. Durante el Buen Fin de ese año Walmart fue la cadena con más reclamos por no respetar promociones o cancelar compras en 2024, en apenas los primeros días del Buen Fin se sumaron 241 denuncias por la misma razón; no es un episodio aislado, es un patrón que se repite.
La escena también deja ver otra paradoja en un país donde el salario mínimo ronda los $7,500 mensuales, la idea de comprar una pantalla de $14,000 en menos de $600 no es solo tentación, es casi un milagro económico. Esa es la razón por la que cientos corren a exigirla, no por capricho sino porque saben que difícilmente podrían pagarla al precio real. Lo irónico es que esa misma vehemencia rara vez se ve cuando se violan derechos más elementales como la atención médica digna, el abasto de medicamentos o las quimioterapias para niños que se suspenden por negligencia. Y lo mismo ocurre en lo electoral, donde millones prefieren quedarse en casa el día de la votación aunque después reclamen los precios de la violencia o la corrupción.
Este no es el primer episodio, hace unos años hubo aerolíneas que ofrecieron boletos en un peso por error en sus sistemas, hubo consumidores que reclamaron y juicios que se alargaron, el desenlace fue el mismo se impuso el criterio del “error evidente”. el derecho del consumidor se reduce a letra muerta cuando se enfrenta al tamaño de un corporativo.
En otros países la regla es más precisa; En Países Bajos la ley dice que si un precio es tan bajo que cualquiera notaría que es un error, la tienda no tiene que respetarlo. En Estados Unidos en cambio incluso pequeñas diferencias entre lo que dice la etiqueta y lo que cobra la caja pueden desatar demandas colectivas, allá el consumidor puede litigar, aquí la queja se queda en ventanilla.
Más allá de la letra chica, el episodio muestra otra realidad. La facilidad con la que miles de personas se movilizan por una pantalla barata, si esa misma energía se exigiera en temas de fondo, otra historia contaríamos.
Somos un país capaz de convertir una falla en el sistema en espectáculo nacional, mientras los problemas estructurales siguen en “error permanente”.
La ley protege, pero también se lava las manos. Entre el derecho del consumidor y el abuso de la buena fe la frontera siempre se borra cuando manda el código de barras.
#QuéCosa!
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