El ciudadano como política pública

En México la palabra “ciudadano” aparece en todos los discursos, se menciona en informes, campañas e inauguraciones. Pero una cosa es nombrarlo y otra muy distinta es ponerlo en el centro de las decisiones.

La mayoría de las políticas públicas se diseñan pensando en la institución que las ejecuta, no en la persona que las recibe, se crean para cumplir metas de papel, indicadores que lucen bien en una presentación, pero que dicen poco sobre la vida real de la gente. En muchos casos, el ciudadano no participa, no opina y ni siquiera es informado, es un espectador obligado de las decisiones que definen su día a día.

Esta no es una discusión nueva. En la Roma clásica, la civitas no era solo un estatus legal, era un pacto de derechos y deberes. El civis romanus podía exigir justicia, participar en la vida pública y tenía protección jurídica incluso fuera de Roma. Decir civis romanus sum (“soy ciudadano romano”) era suficiente para detener un abuso, la autoridad sabía que estaba frente a alguien con garantías reconocidas y defendidas por el Estado.

Siglos después, Napoleón Bonaparte consolidó en su Code Civil (1804) un principio que sigue vigente, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Eliminó privilegios de nacimiento, reconoció libertades individuales y estableció que la ley debía ser clara, comprensible y aplicable por igual. En su concepción, un Estado fuerte no se medía solo por su ejército, sino por la solidez de los derechos de su gente y su participación en el bien común.

En teoría, el Congreso es la voz del ciudadano. Diputados y senadores son elegidos por voto directo para representar intereses colectivos y vigilar al Ejecutivo, sin embargo, en la práctica la mayoría se debe más a las estructuras partidistas que a sus electores. La agenda legislativa rara vez nace de un consenso ciudadano y cuando se consulta suele ser con fines de validación, no de construcción conjunta. En vez de ser un puente vivo entre sociedad y gobierno, el Legislativo se ha convertido en un muro donde se estrellan muchas demandas.

Ser ciudadano no debería ser un título pasivo que recibimos al nacer, sino un papel activo que ejercemos cada día. Para eso, el gobierno tendría que abrir espacios reales de participación, no solo encuestas rápidas o consultas simuladas. Consejos vecinales con voz y voto, presupuestos participativos de verdad, observatorios ciudadanos que evalúen lo que se hace y que incomoden cuando es necesario.

Ejemplos recientes muestran la urgencia. En la Ciudad de México, el presupuesto participativo sigue representando menos del 5 % del gasto delegacional y muchas veces se usa para obras menores que no resuelven problemas de fondo. En materia de agua, comunidades como las de Lerma y Chapala llevan años proponiendo modelos de manejo local más eficientes que las obras federales pero no son escuchadas. Y en seguridad, proyectos de “vecino vigilante” fracasan cuando no hay un vínculo directo y transparente entre los ciudadanos y las autoridades que reciben la información.

Un país que no pone a su gente en el centro construye políticas que mueren antes de nacer. Gobernar sin ciudadanos es como levantar una casa sin cimientos, se ve bonita, pero basta un temblor para que todo se venga abajo.

La pregunta es directa: ¿Dónde están nuestros representantes cuando no es época electoral? Porque los ciudadanos están aquí todo el año, ellos deberían también.

#QuéCosa!