Hay señales claras de que el gobierno federal está analizando proponer una reforma en el próximo periodo legislativo que reformularía por completo el actual sistema de creación de notarías.
De aprobarse, ya no serían los gobernadores de los estados quienes asignen las notarías, sino que estas pasarían a depender de la Secretaría de Economía.
Además, el cambio contempla que todos los notarios deban apegarse a un tabulador de precios fijo, que establecería el monto de los diferentes trámites, con lo que se acabarían los negocios y la riqueza que hasta ahora se genera con la Fe Pública.
En el gobierno se interpreta como una política favorable para la clase media y el sector productivo donde se suelen pagar elevados costos notariales.
Según ha detallado el SAT, diversas notarías, especialmente de Puebla, Jalisco, Nuevo León, CDMX y el Edomex, se han dedicado a “jinetear” las retenciones impositivas que deberían ir a la recaudación.
Preocupados, los notarios analizan estrategias legales y políticas con el objetivo de contener la reforma que se ordenó desde Palacio Nacional.
Incluso hay tensiones al interior del morenismo ya que varios exgobernadores que salieron de sus cargos en el sexenio pasado otorgaron a familiares, amigos y colaboradores notarías, como lo hizo el actual titular de Migración, Sergio Salomón Céspedes.
En un esfuerzo por combatir la corrupción y reformar los sistemas que han perpetuado privilegios, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene en mente una serie de reformas significativas que impactarán directamente al gremio notarial en los estados. Esta medida sigue la línea de la reciente reforma judicial y busca eliminar los privilegios que han caracterizado a los grupos notariales.
Las reformas propuestas tienen como objetivo desmantelar los privilegios de los notarios en los estados, considerados ilegítimos e injustificados con patentes regaladas por los gobernadores en turno como pago de favores políticos.
Una de las medidas más destacadas es la posible creación del "Notario del Bienestar", un servidor público calificado que se encargará de la elaboración de los servicios notariales a costos estandarizados en la ley y que recibirá un sueldo por ello. Esta figura buscará romper con los abusos y privilegios que han caracterizado al sistema notarial actual.
Otro cambio significativo será la desaparición del sistema de designación de notarías otorgadas por los gobernadores. La nueva propuesta plantea un control federal único que estandarice la calidad y alta especialización de los servicios notariales, retirando las patentes de aquellos que no cumplan con los estándares profesionales adecuados.
El cambio más significativo para los notarios será su transformación de profesionales privados con fe pública a servidores públicos. Este cambio los hará sujetos al nuevo sistema anticorrupción de la presidenta Sheinbaum, lo que implicará una mayor vigilancia y control sobre sus actividades para garantizar la transparencia y la legalidad en sus funciones.
Al convertir a los notarios en servidores públicos y establecer un control federal único, se busca eliminar los privilegios y abusos que han manchado la reputación del sistema notarial. La creación del Notario del Bienestar y la Agencia Federal Anticorrupción permitirá servicios notariales accesibles y de alta calidad para todos los ciudadanos.
Los notarios poblanos y sus cómplices en despojos deben tener sus barbas remojando.
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