En Sonora, una ciudadana de Hermosillo fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por un tuit crítico hacia una diputada local. La resolución ordenó que ofreciera disculpas públicas durante 30 días consecutivos, además de realizar un curso sobre género, pagar una multa de aproximadamente $1,085 pesos y ser inscrita por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política de género.
En Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado (TEEG) sancionó al medio digital Acapulco Trends y a su director, Jesús Gabriel Castañeda, por un reportaje sobre presuntos desvíos del presupuesto $898 millones de pesos. La resolución impuso disculpas públicas durante 15 días, difusión obligada del extracto de la sentencia por 30 días y una multa de aproximadamente $22,000 pesos.
Ambos casos tienen un denominador común, opiniones incómodas para quienes detentan el poder. No se trata de amenazas ni calumnias, son críticas legítimas que, sin argumentos ni diálogo, fueron respondidas con sanciones institucionales.
Lo alarmante no es solo el castigo, sino lo que comunica, instituciones que deberían defender la libre expresión actúan hoy como aparatos disciplinarios. No se sanciona con debate o evidencia; se sanciona con sentencias. Y la censura se normaliza.
En la antigua Roma existía una figura oficial llamada el censor. No era juez de delitos, sino vigilante de la moral pública, podía remover del Senado a quien considerase indigno, no impartía justicia, imponía moral.
Siglos más tarde, los regímenes totalitarios adoptaron una lógica similar. En la Alemania nazi, no bastaba controlar la prensa, se vigilaba al ciudadano común, un comentario, una broma o una crítica bastaban para ser denunciado y sancionado. El silencio se impuso no con prohibiciones, sino con el miedo mismo.
Hoy la figura de la violencia política de género, creada para proteger a mujeres ante agresiones reales, se está expandiendo para castigar opiniones políticas, se desnaturaliza el propósito original y se convierte en filtro de disidencia.
Y hay algo que no podemos olvidar, quienes hoy detentan instituciones, muchas veces construyeron su carrera desde la crítica, la denuncia o la disidencia. Hoy están del otro lado del poder y el ejercicio que los consolidó parece incomodarles cuando se vuelve ajeno.
No se trata de censura abierta, sino de algo más sofisticado y peligroso, es la censura vestida de legalidad. Hoy te exigen una disculpa por opinar, mañana, tal vez te lo pienses tres veces antes de abrir la boca.
Porque la libertad de expresión no se extingue solo con mordazas, también muere entre disculpas forzadas, sentencias ejemplares y silencios institucionales.
No es censura si ya no puedes opinar. Es libertad asistida por el poder.
#QuéCosa!
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