Cada uno de los nombres de los aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad tiene una historia, ya que muchos tienen carrera política y otros aprovecharon el momento y consiguieron a través del cual lograron aportar algo importante y trascendental, mientras que otros simplemente estuvieron al frente sin pena ni gloria.
Hoy el gran reto del Congreso local serán las maratónicas comparecencias de los 28 aspirantes a presidir este organismo público autónomo encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, ya que cada uno tendrá 15 minutos para sintetizar quién es, cuál es su experiencia o por qué debería ser electo por las diputadas y diputados.
Un organismo autónomo es una institución clave para un régimen democrático moderno, ya que su función es operar con independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y desempeñan funciones como la fiscalización, la regulación económica, la garantía de derechos humanos y la organización de procesos electorales. La forma en que los políticos eligen a los funcionarios que los integran tienen un impacto directo en la calidad de la democracia y en la confianza ciudadana.
La elección de los titulares en los organismos autónomos no debe responder a cuotas partidistas ni a intereses personales o de grupo. Debe sustentarse en criterios de mérito, transparencia y rendición de cuentas. El principio de mérito implica valorar la trayectoria profesional, académica y ética del candidato, asegurando que cuente con conocimientos técnicos suficientes y experiencia comprobada en el área correspondiente. La transparencia en la designación fortalece la legitimidad de la institución y reduce la percepción de arbitrariedad o corrupción.
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “la independencia de los organismos autónomos no es sólo un asunto jurídico, sino institucional, y depende en gran medida del proceso de selección y remoción de sus titulares” (BID, 2017), por lo que los funcionarios de los organismos autónomos deben reunir características fundamentales para cumplir con sus funciones como independencia, integridad ética, capacidad técnica, compromiso democrático, entre muchas más.
Los funcionarios de organismos autónomos tienen mucha responsabilidad, primero con el Estado y hacia la ciudadanía, y pesar de la autonomía en sus decisiones, están sujetos a principios de rendición de cuentas por medio de mecanismos institucionales como comparecencias, auditorías, informes públicos, los cuales forman parte del escrutinio ciudadano.
Esta responsabilidad también se manifiesta en la necesidad de actuar con base en evidencia y bajo parámetros objetivos. Como señala O’Donnell (2004), “la rendición de cuentas horizontal y vertical es un elemento esencial de la calidad democrática”, y los organismos autónomos deben contribuir a ello, no sólo en sus funciones sustantivas, sino también como ejemplo de gobernanza.
Con estos argumentos expuestos, el Congreso local tiene una decisión muy difícil sobre todo por la sombra que deambula detrás de algunos de los aspirantes, que de acuerdo a los trascendidos por todos los pasillos de la política estatal, un nombre ya fue bautizado para que ocupe la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del estado, por lo que todo lo demás forma parte de la escenografía de una obra de teatro que por muchos años hemos visto en Morelos.














