Regresión institucional

La desaparición de órganos autónomos representa  una manifestación de regresión en materia de derechos humanos y del debilitamiento del Estado de Derecho. Estos órganos, por su naturaleza y finalidad, están diseñados para actuar como garantes independientes de los derechos de las personas fungiendo como supervisores del cumplimiento de las leyes y protectores de los principios constitucionales, su existencia no solo refuerza la división de poderes, sino que también, tienen la responsabilidad de velar por la protección y promoción de los derechos humanos dentro de sus respectivas competencias. 

De esta manera cuando un Estado decide eliminar o reducir la autonomía de estos órganos, está en realidad poniendo en riesgo  el cumplimiento  efectivo de los derechos humanos. La pérdida de esta autonomía no solo hace vulnerables derechos, sino que también abre la puerta a la arbitrariedad,  y la concentración del poder en manos de quienes controlan el aparato estatal, lo que en sí mismo constituye en una forma de vulneración de derechos fundamentales y un atentado contra el principio de progresividad.

La autonomía de los órganos desempeña un papel central en garantizar la protección efectiva de derechos por tanto la protección y fortalecimiento del principio de progresividad implica apreciar que la autonomía de los órganos autónomos, es fundamental para evitar retrocesos en el reconocimiento y protección de derechos.

por tal razón, su protección debe ser una prioridad  para cualquier sociedad que aspire a consolidar una democracia legítima, garante de los derechos de sus miembros. La historia, el Derecho y los principios rectores coinciden: la autonomía institucional es un pilar  para evitar que las amenazas autoritarias y la vulneración de derechos se arraiguen en la estructura del Estado. La regresión en esta materia no solo es un fallo institucional, sino también un peligro latente para los derechos humanos y la estabilidad democrática.