El problema no es la cantidad de programas políticos, sociales y económicos encaminados al beneficio de la sociedad, sino la calidad de los mismos y que no sean empleados para otros fines para los cuales no fueron creados. Ahí es donde la autoridad debe contar con estructuras sólidas e incluso autónomas para vigilar, prevenir y sancionar a quien abuse de los mismos para beneficio personal o de grupo.
Cada nuevo sexenio ha sido igual al otro y no podrán negarlo porque con bombo y platillo anuncian la creación de estas estrategias que serán para mejorar la calidad de vida de la sociedad, incluso, hasta prometen para que actuarán contra quienes hagan mal uso, pero al final siempre sucede lo mismo y nadie hace nada, por eso es la importancia de los organismos autónomos garantes de la justicia.
Pero es necesario entender que el papel del gobierno en la sociedad es fundamental para garantizar el bienestar de los gobernados y una de sus principales responsabilidades es diseñar, implementar y supervisar programas políticos, sociales y económicos que respondan a las necesidades de la población, y que no concluyan cada sexenio, sino que por su viabilidad se transformen en políticas de Estado.
Estos programas deben estar orientados a promover la justicia social, el desarrollo económico y la igualdad de oportunidades, siempre con un enfoque en el bienestar colectivo, sin impactar el presupuesto porque en tiempos de escasez no podrán mantenerlos activos o en su caso se tendría que buscar dinero en otros rubros y estos sí serían afectados.
La elaboración de programas políticos sociales y económicos requiere un profundo conocimiento de las carencias a las cuales pueden afectar a las comunidades, pero es necesario un análisis porque todas son distintas, y como apunta Amartya Sen (1999), “el desarrollo debe entenderse como un proceso que amplía las libertades y capacidades de las personas”, por lo tanto el gobierno deben implementar políticas que respondan a las necesidades existentes en el corto, mediano y largo plazo, además de que sean para impulsar el desarrollo de la sociedad que tanto lo necesita para su existencias.
Asimismo, la vigilancia y el control de estos programas son esenciales para evitar desviaciones o usos indebidos, pero también se requiere la participación activa, más no pasiva, de la sociedad para solicitar cuentas claras de los mismos programas diseñados para su beneficio, pero con la desaparición del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), será un poco difícil exigir la rendición de cuentas.
Por otro lado, la supervisión no implica evaluar continuamente los resultados de los programas y realizar ajustes necesarios para maximizar su impacto por parte de las autoridades, sino que es necesaria la intervención de la ciudadanía en todo momento, ya que la evaluación constante ayuda a identificar las acciones efectivas y cuáles necesitan adecuaciones para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada y que los programas cumplan con su propósito.
En la responsabilidad del gobierno en la elaboración, vigilancia y control de programas sociales, políticos y económicos crucial para promover el bienestar de la población, es necesaria para participación de la sociedad sin pretextos ni excusas, pues con una gestión transparente, responsable y participativa se puede asegurar que estos programas verdaderamente transforme a la sociedad y contribuyan al desarrollo integral en un largo plazo y que no desaparezcan el iniciar el siguiente sexenio.














