Ya iniciaron los ajustes políticos en algunas áreas de la administración pública; el ayuntamiento de Cuernavaca empezó con los primeros cambios de funcionarios a siete meses de iniciar la presente gestión; en tanto que el gobierno del estado, a través del secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, afirmó que en el Poder Ejecutivo son especulaciones y que todo el tiempo son evaluados por la gobernadora Margarita González Saravia.
Sin embargo, no es malo hacer cambios desde un principio y tal vez no significa que los elegidos no cumplan con la expectativa, ya que en todo caso siempre debemos estar conscientes que no todos tienen las mismas habilidades, destrezas y competencias políticas para asumir la responsabilidad de ciertos cargos.
Pero necesitamos entender que muchos de esos nombramientos pueden ser imposiciones de grupos de poder político y/o económico, en este último punto, quienes ponen el dinero para las campañas políticas y por lo tanto tienen derecho de silla en la administración pública para colocar a sobrinos, primos, ahijados, amigos o quienes ellos deseen.
Las políticas públicas son instrumentos fundamentales para promover el bienestar social, económico y político. Cuando estas políticas no logran los resultados esperados, la responsabilidad no solo recae en su diseño o implementación, sino también en las estructuras políticas que las sostienen. Se vuelve imperativo reflexionar sobre la necesidad de transformar dichas estructuras para fortalecer su eficacia y legitimidad. A su vez, la selección y nombramiento de los servidores públicos debe ser revisado y profesionalizado para asegurar la capacidad técnica y ética del gobierno.
Las estructuras políticas están llamadas a proporcionar los medios institucionales para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Sin embargo, en muchos países las estructuras muestran rigidez, clientelismo y baja adaptabilidad. Como señala Fukuyama (2014), “el problema no es la falta de políticas públicas, sino la debilidad institucional de los Estados para hacerlas efectivas”.
Uno de los principales síntomas de estructuras políticas ineficaces es la fragmentación institucional, donde las competencias y responsabilidades están mal definidas o duplicadas. Esto genera una coordinación deficiente entre dependencias gubernamentales. Según Aguilar Villanueva (1996), “una estructura institucional mal diseñada impide que las políticas públicas sean implementadas de forma coherente, continua y eficaz”
La falta de mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de desempeño reduce la capacidad del sistema político para corregir errores y adaptarse a nuevas realidades. Cuando las estructuras están más enfocadas en preservar intereses partidistas que en servir al bien común, el resultado suele ser una baja calidad en la gestión pública.
Frente a esta situación es esencial un cambio estructural que contemple una mayor racionalidad organizativa, autonomía técnica de las instituciones y mecanismos de evaluación institucional. Esto implica fortalecer los sistemas de planeación estratégica gubernamental, descentralizar decisiones y promover esquemas de gobernanza más horizontales y participativos.
Por lo tanto, no hay porque temer a los cambios, más bien, hay que reconocer que si alguien puede hacer lo mejor que uno, adelante, porque de lo contrario deberán asumir las responsabilidades que haya a lugar por la falta de cumplimiento de la encomienda.














