En menos de un mes, la mordaza dejó de ser metáfora para convertirse en noticia.
En Campeche. Un juez clausuró el histórico diario Tribuna tras la denuncia de la gobernadora Layda Sansores por “difamación” y “violencia política de género”. El periódico bajó la cortina después de casi cinco décadas de circulación.
En Puebla. El Congreso aprobó la llamada “Ley de Ciberasedio” que castiga con hasta tres años de cárcel a quien “insulte” o “veje” en redes sociales. Periodistas y activistas la bautizaron de inmediato “Ley Mordaza”.
En Chihuahua. Una ciudadana fue obligada por el Tribunal Electoral a disculparse públicamente, pagar multa y tomar cursos de “sensibilización” tras un tuit crítico contra una diputada del PT, acusado de “violencia política de género”.
Tres episodios una constante; el poder decide que la crítica duele y saca la factura legal para cobrarla.
La Constitución habla claro.
El artículo 6.º prohíbe toda inquisición judicial o administrativa contra la manifestación de ideas; el artículo 7.º declara inviolable la libertad de escribir y publicar sin previa censura. La Carta Magna no pregunta si quien habla es periodista o tuitero protege la voz de cualquiera.
¿Cómo se sofoca la crítica?
- Ambigüedad legal. Conceptos elásticos como “ciberasedio” u “odio” se prestan a interpretaciones a la medida.
2. Castigo desproporcionado. Clausurar medios, vetar reporteros o mandar a “reeducación” a ciudadanos no corrige excesos; intimida.
3. Efecto escalofriante. Cada sentencia envía un mensaje claro “mejor calla si no quieres problemas”.
El contraste federal
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que en México la libertad de expresión “no debe castigarse y menos penalmente” Aunque pide a los estados garantizarla. Sin embargo, tanto Campeche como Puebla, gobernados por su propio partido mantienen las sanciones en marcha. Si no es censura, se le parece demasiado.
Lo que se pierde
• Debate público. Sin crítica dura no hay corrección de rumbo; sin información incómoda no hay rendición de cuentas.
• Participación ciudadana. Cuando opinar puede costar multas, disculpas o silencios forzados, la plaza pública se vacía y el poder habla solo.
• Resultados. El tiempo que se gasta en tapar bocas podría invertirse en resolver lo que origina la inconformidad.
Lo que toca hacer
1. Derogar o acotar figuras penales vagas y trasladar los verdaderos abusos al ámbito civil.
2. Blindar la crítica ciudadana, ningún castigo penal debe imponerse por opinar sobre funcionarios, salvo incitación directa a la violencia.
3. Transparencia judicial completa, cada sentencia sobre libertad de expresión debe publicarse íntegra para frenar la discrecionalidad.
4. Gobernar, no silenciar, la mejor forma de “callar” una crítica es entregar resultados.
Si los políticos trabajaran con el mismo empeño con el que callan críticas, este país ya estaría funcionando.
Pero no. Les duele más un tuit que una calle llena de baches, una colonia sin agua o una promesa sin cumplir.
La libertad no se tolera se defiende.
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