La asignación del presupuesto en la administración estatal es una de las decisiones más importantes para las autoridades, ya que determina la dirección y el impacto de las políticas gubernamentales en la sociedad. En Morelos este proceso está regido por un marco normativo que busca garantizar la eficiencia, la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos.
La normatividad estatal establece reglas para el manejo de las finanzas públicas locales, con el objetivo de evitar el endeudamiento estatal y asegurar la estabilidad económica. Se promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el control del gasto público, incentivando a las instituciones para mantener finanzas públicas sanas.
A nivel federal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que los programas a través de los cuales se otorguen subsidios deberán sujetarse a reglas de operación, con el fin de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, según lo establecido en la Gaceta de la Cámara de Diputados.
La asignación del presupuesto debe basarse en criterios que respondan a las necesidades y prioridades de la población. Punto y no hay nada que discutir. Es fundamental que los recursos se destinen a sectores que contribuyan al desarrollo social y económico como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Además de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz, evitando el despilfarro y la corrupción.
Una vez definidos los programas prioritarios, es esencial establecer mecanismos claros para la canalización de los recursos. Esto implica la elaboración de expedientes técnicos, aprobación de proyectos por parte de las dependencias competentes y la supervisión constante de la ejecución de estos. En el caso de las obras públicas, el gobierno estatal y municipales deben presentar expedientes técnicos ante las dependencias correspondientes para su análisis y aprobación, asegurando que se ajusten a la normatividad vigente.
Además, es fundamental la existencia de órganos de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación, que se encargan de evaluar los resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y comprobar que los recursos se hayan ejercido conforme a lo aprobado.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. Las leyes en la materia establecen que todas las entidades públicas deben poner a disposición de la ciudadanía la información relacionada con el uso de los recursos públicos, permitiendo su supervisión y evaluación, pero en ocasiones, hay que admitirlo, se les olvida por la carga de trabajo.
La participación ciudadana debería ser fundamental en el proceso presupuestario para asegurar que los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de la población, pero en ocasiones sobresalen intereses particulares para conformar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado, por lo que debemos confiar en que los poderes Ejecutivo y Legislativo asumirán su responsabilidad porque Morelos, ya no puede esperar otro sexenio, pues el pasado dejó, independientemente de la pandemia, dejó muchos pendientes y la sociedad es la principal que no puede esperar.
Mientras tanto, el primer paso fue dado: ya iniciaron los trabajos de análisis entre las autoridades responsables.














