Es lo mejor que nos pudo pasar… incluso, debería formar parte de nuestra cultura cívica y fomentarlo desde los hogares, a través de las escuelas, en los códigos de ética, pero la transparencia es una necesidad apremiante para construir una verdadero Estado de Derecho en beneficio de todos y además que las autoridades rindan cuentas de lo que hacen en el ejercicio del poder.
En los sistemas democráticos contemporáneos, este concepto se ha consolidado como un principio fundamental para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes ante la sociedad que les otorgó su confianza a través del voto. Esto implica la obligación de los tres poderes públicos parade actuar claramente, facilitando el acceso a la información sobre sus decisiones, acciones y uso de recursos. De esta forma, la transparencia no solo es un valor ético, sino también un mecanismo institucional que fortalece la legitimidad democrática.
Según Jonathan A. Fox (2007), profesor de la American University, la transparencia se divide en dos dimensiones: la transparencia “fiscalizadora”, que proporciona información accesible y comprensible al público, y la transparencia “responsiva”, que implica la capacidad del Estado para responder a las demandas de rendición de cuentas. Esta doble dimensión es clave para garantizar que los ciudadanos no solo estén informados, sino que también puedan actuar frente a irregularidades o abusos que pudiera cometer el poder ante tanta tentación.
La rendición de cuentas se concibe como un proceso por el cual los funcionarios públicos deben justificar sus actos ante la sociedad, y están sujetos a sanciones en caso de mal desempeño. O’Donnell (1998) distingue entre la "rendición de cuentas vertical", ejercida directamente por la ciudadanía mediante elecciones y participación social, y la "horizontal", ejecutada por instituciones del Estado como contralorías o tribunales.
La transparencia permite que estos mecanismos funcionen con eficacia. Como afirma Bovens (2007), “una administración pública transparente crea las condiciones para el control externo y la evaluación ciudadana, incrementando la confianza en las instituciones”. Esto es especialmente importante en contextos donde la corrupción y la opacidad han deteriorado la credibilidad del sistema político.
En América Latina, por ejemplo, iniciativas como las leyes de acceso a la información pública han sido fundamentales para abrir las puertas del Estado a la ciudadanía. México, con su Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015), había dado pasos importantes para institucionalizar de este derecho, pero la administración presidencial pasada terminó con este derecho con una reforma que ahora impactará a las entidades federativas.
No obstante, como señalan Grimes (2013) y Heald (2006), la transparencia por sí sola no garantiza la rendición de cuentas efectiva; es necesario que existan canales de participación ciudadana y mecanismos de sanción funcionales.
La transparencia es un eje central que garantiza la rendición de cuentas en la gestión pública. Sin ella, los ciudadanos carecen de herramientas para ejercer un control efectivo sobre quienes gobiernan, lo que debilita la democracia. Solo a través de una cultura institucional de apertura, acompañada de marcos legales robustos y ciudadanos activos, se podrá lograr una gobernanza verdaderamente responsable.
Sin embargo, muchas voces criticaron y tenían razón: fue una farsa la votación para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación como argumentó el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas y seguimos en espera de los verdaderos resultados.
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