Como si fuera canción de Joaquín Sabina, dos semanas y 25 sesiones extraordinarias fueron suficientes para que la casi mitad de los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ), se vieran en la necesidad de solicitar la intervención del Congreso local para destrabar la elección del presidente y/o presidenta de este órgano constitucional, que ante la ausencia del bloque encabezado por el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, simple y sencillamente no se presentaron, y eso fue suficiente para no lo alcanzar el quórum legal para dicho proceso.
Muchas voces argumentaron que el Poder Legislativo invadía la esfera del Judicial; incluso otras se congratularon por esta determinación después de 15 días de infructuosas reuniones para realizar la votación y cuando por fin se pudo… no se alcanzaron los sufragios para elegir a algunos de los integrantes de la terna integrada por María del Carmen Aquino Celis, Nancy Giovanna Montero Mercado y Javier Mújica Díaz.
Sin embargo, ante la intervención de la Cámara de Diputados para generar estabilidad y definir el rumbo del TSJ, los aspirantes antes mencionados fueron testigos de la disolución en el horizonte de encabezar esta institución, pues fue el magistrado decano, Juan Emilio Elizalde Figueroa, rindió este sábado protesta a dicho cargo hasta el año 2027.
Ahora el reto del nuevo titular será unificar a los 22 integrantes del pleno del máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, ante tantos intereses, posturas, argumentos jurídicos y puntos de vista, ya que, si no lograron ponerse de acuerdo para una votación, qué será para resolver los temas pendientes que esta institución tiene en materia de impartición de justicia.
Uno de los principales pilares en una sociedad democrática y equitativa es la justicia, y esto viene a colación porque en su discurso, Elizalde Figueroa advirtió que bajo su gestión no será tolerada la corrupción y que además cualquier acto será perseguido con el respaldo de la ley.
Como argumenta el académico estadounidense Robert Klitgaard, la corrupción sería “el uso indebido del poder para obtener beneficios personales” (Klitgaard, 1988), lo que traducido al castellano sería que las decisiones jurídicas ejercidas por los funcionarios del Poder Judicial estarían bajo las influencias de los intereses de los grupos de poder políticos y particulares.
La corrupción en el sistema judicial no solo afecta la equidad, sino que también aumenta las desigualdades sociales y económicas. Según Juan Carlos Gómez, “la corrupción en la justicia genera un círculo vicioso donde la impunidad se vuelve la norma, debilitando la confianza en las instituciones y fomentando la percepción de que la ley puede ser manipulada” (Gómez, 2015). El riesgo es que se genera un ambiente a través del cual los derechos de las víctimas y los acusados carecen de garantías en la impartición justa de la ley, y lo que está riesgo es el Estado de Derecho.
Este cáncer, que pareciera existir hacia el interior del Poder Judicial, para el politólogo norteamericano Samuel P. Huntington, la transparencia, la rendición de cuentas y la independencia judicial son fundamentales para fortalecer la justicia y disminuir la corrupción, pero en caso mexicano ya no existirán los órganos garantes del acceso a la información. Huntington afirma que “la independencia del poder judicial y la transparencia en sus procesos son esenciales para mantener la confianza pública y garantizar decisiones justas” (Huntington, 1991).
El llamado del presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de Morelos no fue balde realizado este sábado, algo hay de fondo y por el bien de la institución y del estado, deberá rendir cuentas al respecto porque no olvidaremos el tema.
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