El pasado domingo 1 de junio, México vivió o mejor dicho, sobrevivió, una jornada electoral histórica, pero no por las razones que se pretendía desde el poder. La elección de jueces y magistrados promovida por la administración de Claudia Sheinbaum fue, en el más puro estilo del obradorato, un espectáculo disfrazado de participación ciudadana que terminó desnudando la precariedad democrática que padecemos.
Desde que se planteó la reforma judicial como una medida para “democratizar” al Poder Judicial, muchas voces advertimos el riesgo: ¿cómo puede garantizarse la imparcialidad y autonomía de la justicia si sus integrantes deberán someterse al voto popular en un país donde las estructuras clientelares, la desinformación y la coacción del voto siguen tan vivas como en los peores tiempos del PRI? Pero la maquinaria siguió adelante, maquillando con propaganda lo que, en el fondo, era una embestida más contra los contrapesos institucionales.
El resultado fue un desastre. Participación escasa, boletas con nombres desconocidos para la mayoría, candidatos seleccionados por cuotas partidistas disfrazadas de propuestas ciudadanas, y una jornada marcada por irregularidades, desde casillas cerradas hasta violencia focalizada. La legitimidad que buscaban construir terminó convertida en un pantano de dudas, apatía y desconfianza.
Lo más grave no fue la baja asistencia a las urnas que ya de por sí deslegitima el proceso, sino la forma en que el oficialismo celebró la farsa como una victoria popular. ¿Desde cuándo una democracia se mide por lo que dice el boletín de prensa presidencial y no por la calidad de sus procedimientos?
El Poder Judicial no es un reality show. No se trata de elegir al juez “más carismático” o al magistrado “más popular”. La justicia no se gana en campaña ni se ejerce por aclamación. Exige formación, trayectoria, independencia y, sobre todo, compromiso con el Estado de Derecho, no con una mayoría coyuntural ni con los intereses de un partido.
Al institucionalizar esta simulación, el gobierno federal ha minado aún más la ya frágil división de poderes. Se ha entregado la justicia en charola de plata a las ambiciones políticas del momento, como si fuera posible fundar una democracia sólida mientras se dinamitan sus bases más elementales.
Hoy no solo tenemos un sistema judicial debilitado, sino también una ciudadanía más confundida, menos representada y profundamente frustrada. Porque no se puede construir legitimidad desde la simulación, ni justicia desde el aplauso fácil.
El 1 de junio de 2025 no será recordado como un día de avance democrático, sino como el momento en que se consumó una regresión disfrazada de reforma. Que no nos vengan con que fue un “triunfo del pueblo”. Fue, en todo caso, una victoria del cinismo. Y de esas, este país ya tiene demasiadas.
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