Cero combate a la corrupción

En Morelos, como en buena parte del país, el combate a la corrupción es de membrete y de golpes mediáticos, por lo que el largo brazo de la ley a penas alcanza a servidores públicos de poca monta, en los contados casos en que las investigaciones proceden y los jueces sentencian,  pero algunos incluso son desconocidos o meros chivos expiatorios. Pensar siquiera, por ejemplo, que algún secretario de gabinete podría pagar por delitos cometidos con el erario y por abuso del Poder, es casi un disparate.

Así y a pesar de que en los últimos 12 años hay evidencia y testimonios irrefutables de la corrupción en los gobiernos del perredista Graco Ramírez y del morenista Cuauhtémoc Blanco, ambos gozan de impunidad y es evidente, al menos hasta ahora, que gozan de un manto protector con el que bien supieron blindarse.

Y es que en el caso de Graco Ramírez, no solo se protegió asegurando que sus colaboradores fueran responsables de actos indebidos, en caso de que se investigaran sus malos manejos, sino que dejó en la Fiscalías General y Anticorrupción a sus mejor aliados para que le cuidaran las espaldas y trascendieran mucho más allá de su sexenio, pues tanto Uriel Carmona como Juan Salazar Núñez, a penas pudieron ser removidos de sus cargos recientemente.

Por ello y a pesar de que su sucesor Blanco Bravo prometió meterlo a la cárcel tras señalarlo como el gobernador más corrupto de la historia de Morelos, en los hechos siempre se ha visto inalcanzable por la justicia y por la ley, tanto que Graco Ramírez ni siquiera ha tendido que huir o esconderse, por el contrario, anda tan rimbombante e incluso se pitorrea de las autoridades morelenses cada que puede, como lo ha hecho en sus más recientes apariciones por los juzgados de Atlacholoaya, donde aún le rinden pleitesía como en sus mejores tiempos.

Pero para darnos una idea de lo mal que anduvieron las cosas con el combate a la corrupción los últimos doce años en Morelos, y del por qué es casi imposible que se vaya siquiera a investigar una minucia de lo mucho que se pregona sobre estos dos gobernadores, allí están las más de tres mil 600 carpetas de investigación que Salazar Núñez dejó archivadas.

Del sexenio de Blanco Bravo, es claro que tampoco vamos a tener el privilegio de ver que se investiguen a fondo los múltiples señalamientos de corrupción que han trascendido, pues el ex futbolista también la supo hacer, ya que tras ser electo y ascender a la gobernatura como candidato del PES, se supo ganar los favores del expresidente López Obrador y le brincó a Morena, partido que lo llevó directo a la Cámara Baja del Congreso de la Unión en el 2024, donde recientemente dio una muestra contundente del enorme manto protector del que goza, irónicamente de las mujeres diputadas, que esta vez pasaron por alto una de las debilidades de carácter que tiene el ex futbolista, es decir, su afición por violentar a las mujeres.

Así pues, con el combate a la corrupción parece que para el caso es lo mismo, antes como ahora, es decir, siempre mucho ruido y pocas nueces. Graco prometió hacer pagar a los panistas que en dos sexenios le antecedieron y a los que acusó de saquear el estado y sus finanzas, pero una vez que llegó a la gubernatura se le olvidó y de igual forma se puso manos a la obra ideando y trabajando en negocios que le permitieran, gracias a su poder de autoridad, amasar fortuna, e incluso no vaciló en intentar heredar a su hijastro Rodrigo Gayoso el cargo.

Para la campaña del 2018, el perredista tampoco vaciló en atacar las muchas debilidades políticas de Blanco Bravo y se burlaba de él, por lo que en respuesta el candidato pesista besó la cruz prometiendo que una vez que ganara la gubernatura lo metería a la cárcel, para que pagara por los actos de corrupción y abuso de poder con el que se condujo, y si bien debemos reconocer que lo intentó, al parecer pronto se dio cuenta de que al superarlo por caer en las mismas tentaciones, no le convenía cumplir su promesa, so pena de ser señalado de lo mismo o quizás peor, tal como ocurre, a ver…