Elección de jueces, elección de estado

Cuando se lleva a cabo una elección de cargos públicos del Poder Ejecutivo y Legislativo en cualesquiera de sus órdenes, federal, estatal o local, es normal que se ponen en juego intereses políticos, económicos y materiales. Debido a ello las personas que ocupan cargos públicos son muy proclives a tomar partido, dado que se trata de que lleguen sucesores que no finquen responsabilidades por malos manejos, o desvío de recursos a sus antecesores. Y así el presidente de la república, el gobernador de una entidad federativa o hasta algunos integrantes de las legislaturas buscan la forma de incidir en la elección, obviamente con personajes candidatos a modo o bajo acuerdos. Claro, de forma ilegal. Eso es muy común en nuestro sistema político. Y para ello, los candidatos a algún cargo público y los servidores públicos tienen una gran ventaja sobre los candidatos que se postulan, aunque por un partido político, pero sin apoyo de recursos o personas del gobierno. Y entre ello podemos decir, recursos materiales, recursos económicos, recursos humanos y hasta servicios a la orden como son tiempo en radio u otros medios de comunicación. Algunas veces lo hemos escrito. El piso no es parejo para todos. 

Bien, pues en la elección de ministros, magistrados y jueces es exactamente lo mismo. El Estado (poder ejecutivo) preparó esta votación, de tal manera que los servidores públicos puedan participar en la elección, opinando, incentivando e invitando a los electores. Le exigió al INE que eliminaran del reglamento, algo que ellos mismos habían propuesto. Sin embargo, el INE contestó que nunca, algún consejero estaba saboteando la elección. Lo único que hacía era aplicar la Ley Constitucional. Con esta respuesta, el ejecutivo se ha dedicado a realizar una campaña de invitación al voto, algo que no pueden hacer, porque eso son recursos, humanos y materiales, pero lo está haciendo. Eso es una característica de cualquier gobierno, pero el presente lo está haciendo sin ningún pudor. Reuniones al más alto nivel entre los servidores públicos, incluyendo la presidenta de la República, diputados, senadores y funcionarios menores. Todo el aparato de Estado está movilizando a equipos de trabajo, que, en la operatividad con toda certeza, los servidores de la nación o un cuerpo similar ya está activo en ese aspecto, pues es de interés para el ejecutivo que resulten electos ministros, magistrados y jueces a modo, para garantizar, primero que acudan a votar para demostrar que hay “interés ciudadano” para elegir a las autoridades judiciales. Segundo, que se elija a las personas que le convenga al Estado. Y eso sucederá desde los ministros hasta los jueces. ¿No lo cree usted? Entonces está pecando de inocente o de iluso. 

Por todo ello afirmamos categóricamente que esta, también es una ELECCIÓN DE ESTADO, por lo cual deja en desventaja a los candidatos que se han postulado pensando que van a tener la posibilidad de ser elegidos. 

Solo revisemos algunas premisas. 

Los candidatos independientes no tienen, ni el poder económico ni el poder político para realizar una movilización de electores que acudan a votar a su favor. Estamos viendo que han sido jornadas muy difíciles para cada candidato a juez o magistrado, pues debe desplazarse, contactar personas, exponer sus motivos e invitarlos a votar. Esto lo hacen en reuniones de 3, 5, 10 o 50 personas. Y lo deberán hacer en tan solo 60 días. Supongamos que hacen dos reuniones por día (ah, los candidatos continúan con su trabajo cotidiano, donde laboren). Pensemos que requieren 6,000 votos para ganar (los jueces). Tendrían que convencer a 100 personas por día y que le garanticen los votos a su favor. Algo casi imposible. 

Por otro lado, el Estado si está preparando la movilización para quienes les convengan. Léase Morena. Tan solo observe el color de las bardas pintadas dando a conocer esta elección. Por todo ello reafirmamos que esta es otra elección de estado. Buen intento para los candidatos independientes.